Ese conjunto habitacional aúna dos problemáticas: la necesidad de una vivienda digna para sus habitantes y la salvaguarda del patrimonio de la Ciudad. Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo emitió cuatro resoluciones en las que reclamó a distintos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en particular al Instituto de Vivienda de la Ciudad- el cumplimiento de las normativas vigentes y la provisión de los medios económicos, instrumentales y humanos necesarios para la resolución de ambas problemáticas.
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