El domingo 1 de diciembre, Brian y Ariel se encontraban en su segunda cita, cerca de las 22, cuando un hombre de mediana edad se acercó con un látigo de paja con punta de acero y empezó a agredirlos al grito de «Ustedes no tienen derecho a hacer esto, vayan a esconderse”. Brian, quien tiene instrucción en defensa personal y en artes marciales, logró reducir al agresor, pero ante la demora del móvil policial, el agresor logró soltarse y huir.
El agresor todavía no fue identificado. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se tomó el compromiso de acompañar a los jóvenes a realizar la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, amparados en su derecho a la no discriminación, consignado en la Ley contra la Discriminación -aprobada en la Ciudad de Buenos Aires en el 2015-; una de las leyes más avanzadas a nivel regional con respecto a hechos discriminatorios.
Lo que les pasó a Brian y a Ariel no es aislado ni sucede solamente en la Ciudad. Muy por el contrario, en los últimos años, hemos advertido un claro aumento de agresiones y de hechos discriminatorios hacia nuestra comunidad en todo el territorio nacional. A través del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT –creado en mayo de 2016 por la Defensoría LGBT y dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la CABA, en articulación con la Federación Argentina LGBT y con la Defensoría del Pueblo de la Nación– se registró un incremento de violencia y de odio, que hasta la fecha alcanza más de 120 casos, y solo en 2019.
Estos números van de la mano de la precarización de las condiciones de vida de la población LGBT+, y ponen de manifiesto la legitimización social de los discursos de odio en buena parte de nuestra sociedad. Es por eso que es necesario construir políticas públicas a nivel nacional y de forma integral que garanticen el derecho humano básico a vivir sin discriminación ni violencia. De esta misma forma, resulta necesaria la aprobación de una Ley Antidiscriminatoria nacional que actualice la aprobada en los años 80.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron distintas iniciativas legislativas en este sentido, y se convocó con urgencia a todos los espacios estatales, tanto como a la sociedad civil y a los movimientos sociales, para trabajar en terminar de erradicar los hechos discriminatorios y construir una sociedad justa para todos, todas y todes.
