El proyecto posee muchos aspectos novedosos, entre los que se destacan por ejemplo el derecho a la salud integral, con la inclusión de los tratamientos de adecuación y reasignación genital, atención psicológica y psicoterapéutica y la creación de Centros Especializados en Identidad de Género (CEIG). En cuanto al acceso a un trabajo digno, el proyecto incluye un cupo laboral para el ámbito público, manteniendo un porcentaje no inferior a un 0,5% de su planta transitoria, permanente y contratada, para este colectivo.
La propuesta garantiza también el derecho una vida digna, libertad física y protección, igualdad en el sistema educativo, y acceso a una vivienda digna, entre otras.
La iniciativa presentada reconoce como antecedente un proyecto de autoría de la diputada (MC) María Rachid, hoy titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría.
Muchos países han avanzado en la temática de identidad. Las razones fundantes de diversas legislaciones como las de Noruega, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá, algunos estados de Estados Unidos de América, y ciertas provincias de Canadá, tienen un hilo conductor que permite enlazar a todas ellas: la preeminencia que brindan al sexo psicológico (o mejor aún, socio-psicológico) sobre el sexo biológico en la configuración de la identidad sexual de la persona y, por ende, en la respuesta a la cuestión trans.
El 7 de Febrero de 2003 siendo Secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus dictó la resolución 122, inédita para esos tiempos, en la que recomendó a todos los establecimientos educativos de Buenos Aires de gestión pública o privada, así como a todas las instancias administrativas dependientes de esa Secretaría, que en el ámbito de sus competencias se garantice el respeto por la identidad de género, dignidad e integración de las personas pertenecientes a minorías sexuales. Una resolución muy importante que abría en esos años el camino a las personas trans a la dignidad y al respeto.
Sin lugar a dudas, el antecedente normativo más importante en la temática de identidad y expresión de género es la Ley Nacional 26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012. En pocas palabras, la Ley de Identidad de Género (tal el nombre con el que ha trascendido) garantiza el respeto de la identidad de género autopercibida de todas las personas, establece los mecanismos que posibilitan la modificación del nombre de pila y el sexo en la documentación personal, lo que se realiza bajo una simple declaración jurada del/la interesado/a, sin necesidad de intervención judicial, médica, de testigos, ni de ningún/a tercero/a.
