El propósito de la jornada fue abordar los desafíos actuales que las tecnologías, y en especial Internet, presentan al ejercicio de los derechos humanos. Para ello, Leonardo Ambessi, jefe de Gabinete la de institución, subrayó que el ODI “da respuesta a una temática concreta: continuar con la protección y la defensa de los derechos en el nuevo desafío que plantea Internet”.
Javier Raimo y Agustina Callegari, la dupla responsable del flamante espacio de la Defensoría, señalaron que entre sus misiones se destaca la investigación y el monitoreo del ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital; la incidencia en políticas públicas sobre derechos humanos, tecnología e Internet y la promoción del uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Para ello, el ODI se basará en 4 pilares: el desarrollo de políticas, la investigación, la capacitación y la comunicación.
Del evento también participaron especialistas que se destacan por su trabajo en el desarrollo de Intenet y los derechos que se ven involucrados o vulnerados. Valeria Milanes, directora de las áreas de Libertad de Expresión, Acceso a la Información y Privacidad de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) expresó que la libertad de expresión tiene que ver con la posibilidad de acceder a la información y a opinar. “Lo difícil es resolver cuestiones que tienen que ver con el entorno digital. Para ello se requiere de mucho diálogo y de muchos actores involucrados. Por eso celebramos la creación del Observatorio a fin de aportar una herramienta más de protección de derechos.” concluyó.
Eduardo Molina Quiroga, director de la Carrera de Especialización en Derecho Informático de la UBA, expuso sobre la intercepción de las comunicaciones en la era digital y manifestó que “para vulnerar una comunicación tiene que haber una ley que lo avale y solo un juez puede autorizarla”. Además, añadió que toda la información que se recolecte tiene que ajustarse a la Ley de Protección de Datos.
Por su parte, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, expresó que no hay nuevos derechos “sino nuevos desafíos para la protección de los Derechos Humanos. La Ley de Propiedad Intelectual y el Derecho al Acceso a la Cultura es uno de los desequilibrios más fuertes en el marco normativo vigente. Un docente que descarga un libro de Internet para dárselo a sus alumnos, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? La discusión tiene que ser fundada en la investigación y el conocimiento”.
Desde un punto de vista más técnico, Daniel Abadie, director general de Gobierno Electrónico del Ejecutivo local, señaló cómo se trabajo desde el Gobierno de la Ciudad en mejorar el acceso a la información y a los servicios a través de Internet. “Una de las mayores dificultades es poder ofrecer a los ciudadanos un servicio que les sirva porque aplicaciones de gobierno son las primeras en ser desinstaladas”, aseguró.
Tomás Vaccarezza, secretario de la Fiscalía especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad a cargo de Daniela Dupuy, presentó el trabajo de esa fiscalía -que funciona desde 2013 bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal porteño-, donde investigan casos que van desde el daño informático hasta la producción y distribución de material pedófilo en la red, pasando por casos de grooming, siempre por medio de un soporte tecnológico.
Finalmente, Eduardo Peduto, titular del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría, concluyó que en vez de apoderarnos nosotros de la tecnología, ella se está apoderando de nosotros. “Somos esclavos de la post-modernidad porque no nos constituimos como ciudadanos sino como productos. La idea es recuperar la condición de ciudadanos frente al mundo digital”, finalizó.
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