“Desde esta Defensoría del Pueblo registramos una multiplicación exponencial de casos en que los usuarios, aún siendo beneficiarios de tarifas sociales, permanecen en situación de vulnerabilidad social, con serias dificultades y hasta plena imposibilidad de afrontar el pago de las facturas”, establece el documento presentado esta semana, haciendo hincapié en la definición de pobreza energética y en el acceso a los servicios públicos como un derecho humano.
Por este motivo, se solicita que se informe si los aumentos dispuestos en la Resolución 366/2018 en los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) implican alguna modificación en la tarifa de servicio público que abonan los usuarios residenciales a partir del 1 de febrero de este año.
Por otro lado, el oficio pregunta si se le dio la instrucción al Ente de aprobar nuevos cuadros tarifarios con incrementos en las próximas facturaciones y de convocar a una audiencia pública para establecer dichos aumentos.
En relación a la tarifa social, se solicita información sobre si están previstas alteraciones en la modalidad del trámite y la documentación requerida, los requisitos de inclusión o exclusión de la misma, el pack de kwh bonificados, si aquellas personas que actualmente se encuentran incluidas en este beneficio deberán realizar un nuevo trámite, y cuál será la competencia que mantendrá ENRE con respecto a la misma.
Estas peticiones se enmarcan dentro de una investigación que se encuentra realizando el organismo con respecto a cuál es el impacto que tiene sobre los usuarios el aumento de los servicios públicos esenciales.
