En el marco de las actividades académicas del evento, el subsecretario de Protección y Promoción de Derechos, Norberto Darcy, fue invitado a participar de la Mesa de Debate sobre los Derechos del Consumidor, en un panel integrado por otros dos destacados especialistas en la materia, Jorge Surin y Carlos Tambussi, y coordinada por la directora de Defensa y Protección al Consumidor del GCBA, Vilma Bouza.
Darcy hizo un repaso panorámico de la evolución legislativa del derecho del consumidor, con sus avances y retrocesos, desde la sanción de la primera ley 24.240 -próxima a cumplir 26 años- hasta la actualidad, para finalmente remarcar que uno de los principales desafíos actuales es lograr mayores niveles de eficacia en el cumplimiento de las normas que protegen a los consumidores. En ese sentido, enfatizó la importancia de implementar los Juzgados locales en las Relaciones de Consumo, la nueva Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, reafirmó la imperiosa necesidad de elegir al Defensor del Pueblo de la Nación –que hoy además incluye al Defensor Adjunto de la Competencia y los Consumidores- y propuso crear la Agencia de Protección al Consumidor en la CABA, a fin de fortalecer y dotar de mayores herramientas a la Autoridad de Aplicación local.
Por su parte, Surin –actual Gerente Operativo de Lealtad Comercial en el GCBA – abordó distintos aspectos del nuevo marco normativo en materia de exhibición de precios y publicidades, explicando algunos aspectos del DNU que derogó y reformuló la Ley de Lealtad Comercial. Luego, mediante una didáctica exposición de videos y publicidades, realizó un examen comparativo de publicidades engañosas en nuestro país y en otros países, y las distintas sanciones aplicadas a las empresas infractoras.
Finalmente, Tambussi explicó los alcances del Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, que ya adquirió estado parlamentario en el Senado de la Nación bajo Expediente S-2576-19. En su calidad de miembro integrante de la Comisión de Juristas que elaboró el Anteproyecto, comentó los aspectos más relevantes de la propuesta, en particular, los principios generales que se incorporan, con una clara visión y sistematización de la LDC con la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, las nuevas regulaciones en materia de especial tutela a consumidores hipervulnerables, el acceso al consumo y a la información, la modalidades de contratación electrónica, la dimensión preventiva y colectiva de las acciones administrativas y judiciales, el problema del sobrendeudamiento y la perspectiva de identidad y de género en el consumo. También se refirió a la reformulación de algunos institutos ya existentes como el daño punitivo y el beneficio de justicia gratuita, entre otras tantas cuestiones.
