El 30 de noviembre se celebró la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, referida al saneamiento integral de la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de, según su convocatoria, tomar “conocimiento inmediato e integral sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008”. En la misma se advierte que las presentaciones de los representantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el Cuerpo Colegiado que interviene en la Causa Mendoza, el Gobierno nacional, el provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires) deben “señalar con precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado con que han sido alcanzados al 30 de septiembre de 2016 -en los ámbitos respectivos- cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuestos en dicha sentencia». Sin embargo, esta definición restringe el pronunciamiento de ese tribunal, de fecha 9 de noviembre, en el cual dispuso que la convocatoria a la audiencia pública del 30 de noviembre tendría un triple objetivo: «(i) tomar conocimiento inmediato e integral de todas las circunstancias concernientes al genuino estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en estas actuaciones; (ii) asegurar la participación ciudadana en actuaciones que -como la de esta causa- han alcanzado la más alta trascendencia institucional y social y (iii) satisfacer el relevante propósito de difundir públicamente la forma en que ejerce la jurisdicción más eminente que le confiere la Constitución de la Nación».
La Defensoría ha trabajado como amicus curiae en el marco de la denominada Causa Mendoza (Expediente M. 1569 XL-2004 de la Corte Suprema de la Nación a raíz de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo) y su derivación a cargo del Juez Sergio Gabriel Torres, promoviendo y coordinando distintas actividades y procesos relativos a las temáticas asociadas.
Si bien la convocatoria de la Corte fue precisa en cuanto a que no se admitirían “alegaciones ni postulaciones que sean extrañas al riguroso ámbito establecido”, la Defensoría presentó una solicitud para exponer sus señalamientos y consideraciones acerca de la trayectoria y de la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca hídrica Riachuelo-Matanza. (PlSA-2016). Esta petición fue denegada.
De todos modos, coherente con su compromiso irrenunciable con las temáticas de la ciudad y con los vecinos, la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente acudió a la audiencia con la voluntad de escuchar a las autoridades y acompañar a los vecinos.
La audiencia fue abierta por el representante del Cuerpo Colegiado, que expuso muchos de los señalamientos que se han formulado en estos más ocho años y una mirada crítica a la nueva edición del plan, con los que muchos actores -institucionales y sociales y la propia Defensoría- coincide: el plan carece de integralidad, no existe una coordinación de acciones ni asignación y ejecución presupuestaria para su implementación y faltan metas cuantificables e indicadores de resultados.
Luego de esa presentación se sucedieron otras de autoridades con distinta responsabilidad en el área de Cuenca. Si la expectativa podía ser que disiparan o atenuaran las preocupaciones de la Defensoría, abundaron en títulos o referencias propias de un estadio inicial de un proceso de esta índole, sin ninguna precisión ni orientación hacia los objetivos a corto, mediano y largo plazo en orden a la sentencia y las encomiendas dispuestas por la Corte Suprema.
Tal como estaba previsto, luego de las presentaciones se abrió un espacio de preguntas por parte de los integrantes de la Corte. La mayor parte de ellas fueron respondidas de forma vaga o ambigua, o simplemente se manifestó no contar con los datos o la información necesaria.
Por último, la “participación ciudadana” no tenía un espacio previsto en esta ocasión, ni para los vecinos en forma directa ni a través de la Defensoría del Pueblo. Un espacio con una pantalla y pocas sillas fue la sala en la que la mayoría de los asistentes pudo seguir la audiencia y en el que se manifestaron voces fuertemente críticas en cuanto al proceso, los resultados, los objetivos y los silencios de los presentadores. Esta demanda sin duda, da sentido a seguir trabajando por un área de cuenca, una ciudad y un área metropolitana social, ambiental y espacialmente más justa. Ése es el objetivo de la institución.
