Luego de recibir pedidos de varios usuarios para que interceda, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires solicitó que se eleve el tope de energía subsidiada en la Tarifa Social para los usuarios electrodependientes. El argumento que utiliza la Defensoría es que el paquete de 300 kW/h bimestrales que está contemplado actualmente es “notablemente insuficiente” para cubrir las necesidades de las personas cuya discapacidad requiere el uso intensivo de energía eléctrica.
“Esta Defensoría advierte que resultaría ilógico suponer que un usuario que se encuentra en una situación socioeconómica límite (por ello se le ha concedido el beneficio de la tarifa social) y que, por ser electrodependiente (debidamente documentado) requiere de un consumo de energía eléctrica extraordinario, quedará imposibilitada de acceder a la aplicación de un régimen tarifario más beneficioso que le permita hacer frente a los mayores consumos energéticos requeridos por su estado de salud”, sostiene la Defensoría mediante oficios enviados a los titulares del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la Subsecretaria de Coordinación de Política Tarifaria y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
“La hipotética y eventual denegación del requerimiento de los usuarios electrodependientes implicaría seguir extendiendo la lamentable frontera de la llamada pobreza energética a cada vez más usuarios, entendida como la imposibilidad de acceder a la prestación de un servicio público esencial y vital, que hace necesariamente al ejercicio de derechos humanos, por tornarse su facturación ostensiblemente onerosa”, agrega la Defensoría.
“Es dable hacer notar que, conforme lo ha manifestado la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria en reiteradas ocasiones, entre ellas, en la Nota SS.C.P.T N° 489, Exp. S.01:0239462/2016 al cual nos remitimos, se sostiene que en caso de que la persona electro-dependiente sea el titular del servicio, al contar con certificado de discapacidad corresponde otorgarle el beneficio de forma automática…, y en relación a las potestades conferidas se manifiesta de forma clara que el Ministerio de Desarrollo Social es quien tiene los recursos humanos y técnicos para determinar situaciones excepcionales de vulnerabilidad”, agrega el oficio enviado por la Defensoría.
Al final de los oficios, se recuerda que “tal como viene advirtiendo en reiteradas situaciones el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, el hecho amerita un tratamiento excepcional por parte de los organismos públicos competentes, en tanto se trata de casos excepcionales. Resulta necesario evaluar y corregir la imposibilidad actual de acceder a algún tipo de beneficio que abarque la totalidad o bien un mayor pack de kw/h sin cargo dentro de su facturación, en tanto la actual situación importa la directa vulneración de sus derechos”.
