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La Defensoría participó de un nuevo webinar sobre empresas y derechos humanos

El encuentro “Empresas y Derechos Humanos” tuvo lugar el día de hoy y fue organizado por la Cámara de Comercio de la Industria Franco Argentina.

La Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo porteña participó del encuentro en el marco de la articulación con la Red Argentina de Pacto Global de la cual esta institución forma parte en su mesa directiva. Además, participaron del mismo Flavio Fuertes, coordinador de la Red Argentina de Pacto Global; María Aurora García, de BERKEN IP; y Ricardo Rodríguez, de Eramine Sudamérica S.A, con el fin de conversar sobre los principios rectores de derechos humanos para las empresas y las herramientas para un protocolo de género en el mundo empresarial.

Flavio Fuertes realizó un recorrido sobre los principales puntos de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2011 y sus tres pilares: protección, respeto y remediación. Hizo hincapié en la importancia de la existencia de procesos de debida diligencia de las empresas en derechos humanos para ayudar a detener sus riesgos e impactos negativos del presente y a prevenir los potenciales impactos del futuro. Asimismo, destacó la importancia de la existencia de procesos de remediación legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes y compatibles con los derechos humanos.

María Aurora García, por su parte, remarcó los principales puntos a tener en cuenta a la hora de elaborar un protocolo de género en las empresas, y la importancia de dicho instrumento para dar un mensaje claro a las organizaciones sobre la intolerancia de conductas de violencia contra las mujeres. Estos protocolos deben ser armados a la medida de cada compañía, y deben basarse en un compromiso integral con perspectiva de género y con acciones concretas de sensibilización, capacitación, promoción e inversión.

Para finalizar, Ricardo Rodríguez explicó las estrategias en desarrollo de su compañía – empresa minera – para contribuir en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y la importancia de la existencia de un compromiso político de los directorios para que las empresas sean un medio de respeto y promoción de materia de protección de los derechos humanos.