Pozzali hizo hincapié en la situación en la que se encuentra la ley 5.728, al considerar inconstitucionales los artículos que autorizan la privatización del sistema de acarreo y aparcamiento producto de que fue aprobada sin contar con la cantidad de votos necesarios. El adjunto sentenció que se está debatiendo sobre un proyecto de carácter inconstitucional.
También, Pozzali remarcó la poca transparencia de parte de la empresa como del Gobierno de la Ciudad a la hora de justificar los aumentos en las tarifas tanto de los acarreos como de los sistemas de estacionamiento medidos. Según lo que desarrolló el adjunto, en ningún lado se especifica en detalle porque y que variables se utilizaron para determinar el aumento. A priori, indicó, no se dieron explicaciones que los justifiquen.
Pozzali destacó que el Gobierno porteño invertirá 103 mil millones de pesos para instalar en toda la ciudad la maquinaria propuesta para ejercer el cobro de las horas de estacionamiento, además de brindar el personal que patrullará las calles y las playas de aparcamiento de los vehículos en infracción. Según él, actualmente contamos los avances tecnológicos necesarios para descartar este tipo de máquinas. En cambio, sugirió la adopción de un sistema basados en aplicaciones móviles para facilitar la utilización y reducir el costo de implementación inicial.
El adjunto señaló que, aunque supuestamente se buscaría desincentivar el uso del transporte particular y fomentar el uso de transporte público, ocurre que para ello debería ocurrir un abaratamiento en los precios relativos en favor del transporte público reflejado en una mayor inversión en el sector. Sin embargo, el aumento trimestral de un 40% promedio en los distintos medios de transporte público junto con el desfinanciamiento de todas las secretarias del ministerio encargadas del mantenimiento y la expansión de los servicios de transporte indicarían que este no sería el caso.
Para concluir, Pozzali señalo que el Gobierno de la Ciudad parecería más interesado en ver cómo puede recaudar más dinero a costa de los usuarios de transporte que de enfocarse en fomentar un sistema de transporte público desarrollado y eficiente que lleve a los usuarios a cambiar el uso de vehículos particulares por el de otros medios.
