“Entendemos que mediar y dar respuesta a los intereses y necesidades de las partes involucradas no es una tarea fácil. Desde la Defensoría vamos a poner el eje en el eslabón más débil de la cadena desde el punto de vista social y económico que son los usuarios del servicio”, declaró Mielnicki al hacer referencia a la magnitud de los aumentos dispuestos desde el año 2015. Según manifestó, entre 2015 y la actualidad, los mismos rondan entre el 2214 y 7637 por ciento tomando como base un usuario R1, lo cual representa un enorme impacto en el bolsillo y capacidad de pago de cualquier usuario, teniendo en cuenta que el aumento del salario mínimo fue del 421 por ciento y el haber jubilatorio de 576.
También reiteró un concepto utilizado en audiencias anteriores por el organismo que es el de “pobreza energética”, que refiere al porcentaje del salario que deben emplear los usuarios para pagar los servicios esenciales. Según lo observado a partir de las denuncias y reclamos que recibe la Defensoría porteña, cada vez más familias caen en el umbral de la pobreza energética.
Frente a esta situación, el Director de Servicios Públicos volvió a insistir con que el eje se ponga en los usuarios, que no tienen escapatoria frente a la imposibilidad de pago.
Entre algunos ejemplos mencionados criticó la resolución 14/2018 por la cual se eliminaron los topes porcentuales que mitigaban el impacto de los aumentos e impedían aumentos mayores a ciertos porcentajes, a las bonificaciones del 10% para usuarios que registraran ahorro en el consumo, lo cual incluso va en contra del argumento que muchas veces se ha utilizado para defender estos aumentos planteando que los mismos ayudarían a “concientizar sobre el uso racional de la energía”
A su vez, hizo énfasis en la necesidad de considerar la situación emergencia sanitaria, frente a la cual, la situación social y económica de una gran cantidad de usuarios hace que no tengan ningún margen para futuros nuevos aumentos.
Finalmente, planteó que la “tarifa social es la herramienta principal y única para que puedan acceder a los servicios sectores con situaciones económicas postergadas o con complicaciones en sus finanzas”. Según reclamos recibidos por la institución, muchos usuarios que recibían este servicio, sufrieron un cambio drástico en 2017 cuando se establecieron los bloques de consumo para el mismo. La demora en el análisis de las solicitudes presentadas también fue mencionada como un tema a tratar.
“Creemos que la capacidad de ajuste debe tener un límite, son servicios esenciales, no se puede tener una vida digna sin acceder a los servicios de agua y fuentes de energía (gas y luz)”, expresó como cierre.
