La audiencia se realizó este mediodía en el Centro Cultural «Adan BuenosAyres» ubicado en Parque Chacabuco, y allí la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) planteó una suba del 27% de la tarifa a través de dos tramos mensuales que comenzarían el 1° de abril. Si se aprueba la solicitud, el pasaje pasará de los $16,50 actuales a $21 en mayo.
Pozzali y Conditi coincidieron en destacar que el hecho de que la tarifa suba por encima del ritmo inflacionario representa un abuso para el usuario, y que no considerar el acceso al transporte como un derecho de los porteños atenta contra los valores de igualdad expuestos en la Constitución local. La exponencial caída en el presupuesto que el servicio de subterráneos percibe empeora también la situación.
En su exposición, el Defensor del Pueblo Adjunto afirmó que es fundamental que el sistema de subterráneos regrese a la gestión pública, ya que de lo contrario lo único que se logrará es financiar una empresa privada que elige no invertir en mejoras estructurales del servicio. Pozzali también subrayó que a pesar de tener uno de los boletos de subte más baratos la Ciudad tiene una de las redes más pequeñas, lo que provoca que muchos usuarios deban utilizar otro medio de transporte para llegar a él y destinar una mayor proporción de sus gastos al transporte.
A su turno, el responsable de Transporte y Telecomunicaciones de la Defensoría planteó que el aumento propuesto por SBASE «se ubicará por encima de la inflación efectiva durante el período 2018-2019 debido a que pretende reducir la incidencia de los subsidios sobre los costos operativos del servicio. Si se considera el valor de la tarifa en el mes de mayo de 2018 y su valor a mayo de 2019, el incremento será del 180%. Y si se analiza la evolución de la tarifa del servicio respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil, se observa un incremento del 133% en la incidencia del costo del transporte respecto al ingreso mínimo de los trabajadores. Por ese motivo, es opinión de la Defensoría que, dado el nivel alcanzado, los futuros incrementos tarifarios no podrán superar la variación del Salario Mínimo, Vital y Móvil».
Conditi también señaló que «debe facilitarse el acceso a la tarifa social de transporte y los pases para jubilados y pensionados, implementándose el beneficio a través de la tarjeta SUBE y evitando trámites presenciales. No puede excluirse de ninguno de estos beneficios a grupos sociales vulnerables que perciban algún plan o pensión social de otra jurisdicción que no sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Al mismo tiempo, recalcó que «es necesario afrontar un plan de inversiones que contemple la extensión de la red, la mejora en el servicio, la renovación de material rodante de las líneas más rezagadas y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la normativa internacional vigente –Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -, en materia de accesibilidad. El transporte es un derecho social, que garantiza la concreción de otros derechos consagrados en la Constitución como el derecho a la educación, la salud y el trabajo. Por lo tanto, el subte no es un gasto sino una inversión social».
Por último, insistió en la necesidad de que se realice «una audiencia de los servicios de transporte público unificada, a fin de tratar la política integrada del sistema de transporte, contemplando costos, objetivos, franquicias especiales para determinados grupos sociales y unificar los mecanismos de instrumentación para las mismas. No puede discutirse el aumento de la tarifa del subterráneo sin comprender qué relación guarda con las demás tarifas del sistema de transporte. El hecho que exista una tarifa integrada de transporte da cuenta de este punto y reconoce de hecho la interdependencia entre los distintos modos que circulan por la Región Metropolitana de Buenos Aires».
