“Se trató de una marcha multitudinaria y heterogénea que afortunadamente no terminó con actos de violencia o incidentes que lamentar. Hacía mucho, desde la última movilización de la CGT, que no veía tanta gente en la calle y hay que celebrar que haya sido en paz, muy distinto a lo que vimos el 14 y 18 de diciembre. Reconozco también que el Ministerio de Seguridad porteño mostró voluntad de diálogo para convocar a todos los organizadores, cosa que no había sucedido en los actos anteriores, y el resultado fue positivo”, aseguró el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor, quien encabezó el operativo. [block id=»21f»]
“Hubo un grupo de encapuchados que portaban palos y banderas y pedían que se fuera el Presidente de la Nación. Afortunadamente estos individuos, de apariencia violenta, en un momento se fueron, sin originar incidentes”, agregó Amor, quien elogió la velocidad de la desconcentración de las cientos de miles de personas que participaron de la movilización.
El operativo se desplegó en diversos puntos clave de la movilización, con al menos 5 trabajadores del organismo en cada una de las esquinas a lo largo de la 9 de Julio y hasta la Autopista para supervisar el desarrollo de la manifestación y evitar situaciones conflictivas. También contó con un grupo de emergencia y dos drones propios para filmaciones, más 5 cámaras móviles y 5 cámaras fijas que registraron todo lo acontecido.
La actividad se realizó sobre la base de las Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas Sociales elaboradas por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo de la región.
El personal de la Defensoría viene realizando la tarea de observar y registrar las manifestaciones públicas desde hace dos años. El momento más complicado del trabajo fue al registrar los acontecimientos que se sucedieron en la Plaza del Congreso en el marco de la sanción de denominada Reforma Previsional. En esa oportunidad, los videos y fotografías que tomaron los trabajadores de la institución fueron claves para el desarrollo de la causa judicial a cargo del juez Sergio Torres, quien investigó los hechos de violencia sucedidos ese día.
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