El acuerdo fue suscrito por el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, y la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Argentina (UNICEF), Florence Bauer. Durante la reunión, dialogaron sobre las políticas públicas relacionadas a la primera infancia y la adolescencia en la CABA y a la falta de designación del Defensor del Niño.
Estuvieron presentes la subsecretaria de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Livia Ritondo; la directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad; María Elena Naddeo; y la titular de la Unidad de Política Institucional del organismo, Dolores Gandulfo. Por parte de UNICEF, asistieron los especialistas en Evaluación y Monitoreo, Sebastián Waisgrais y Martín de Paula.
UNICEF busca acompañar a los gobiernos y a la sociedad civil en el pleno cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, promoviendo el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, en un contexto de bienestar familiar y de garantía plena de todos los derechos para la infancia. Entre sus prioridades de trabajo se encuentran: la protección de niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencia y el acceso a la justicia, el mejoramiento de la situación de salud de los adolescentes y la reducción de los embarazos no planificados como así también de la mortalidad asociada a causas externas, el fortalecimiento de la información sobre la situación de la niñez, la mejora de la primera infancia y de las políticas públicas de cuidado y de protección social así también como la inversión social, en particular aquella dirigida a la infancia en el marco de sus derechos.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo y UNICEF se comprometen a trabajar conjuntamente para el mejoramiento de la situación de la niñez y adolescencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un mejor conocimiento de su situación y la generación de herramientas que permitan mejorar las políticas públicas y la normativa dirigida a niños, niñas y adolescentes, como así también, a posibilitar la interconsulta por parte de ambas instituciones para la realización de actividades consensuadas.
