Al día siguiente, personal de la Subsecretaría de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente del organismo a cargo de Bárbara Rossen dispuso con carácter de urgente una verificación en el lugar donde se corroboró la veracidad del hecho denunciado.
Por ello, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, con el patrocinio letrado del subsecretario de Derechos Políticos y Ciudadanos Norberto Darcy y de Gerardo Gullelmotti, director de Consumidores y Administrados, formalizó esta semana la denuncia ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del GCBA, en la que solicitó, entre otras cosas, que se le apliquen al supermercado las sanciones pertinentes y, de ser necesario, se ordene el decomiso de la mercadería en infracción.
En el escrito, Amor subraya que “la conducta de la firma COTO C.I.C.S.A. afecta claramente el derecho de los consumidores a la información, a la protección de su salud, seguridad e integridad física, y al trato digno, constituyendo una clara infracción a la LDC, que es menester corregir y sancionar a través de la Autoridad de Aplicación local».
Asimismo, enfatiza que “la debida información (respecto de la fecha de vencimiento) adquiere vital importancia a los fines de asegurar que los productos que se introducen al mercado no provoquen daños a la salud ni afecten la integridad física de los potenciales consumidores, pues la LDC le impone a todos los proveedores el deber de seguridad, a los fines de asegurar la indemnidad de los consumidores”.
Finalmente, sostiene que tal conducta “priva a los consumidores de una información esencial al momento de adquirir un producto alimentario. La obligatoriedad de estipular una fecha de caducidad o vencimiento de los alimentos perecederos – conforme surge de la normativa vigente – importa una medida de prevención y protección a las personas tanto para prevenir riesgos a la salud como para evitar la ingesta de alimentos en mal estado. De ahí que su incumplimiento genera una grave responsabilidad del proveedor”.
