El cargo en cuestión fue creado en 2005, mediante la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, luego de casi 14 años de omisión en su designación, y como consecuencia de una acción judicial iniciada por distintas asociaciones y fundaciones protectoras de derechos, en el año 2017 la justicia declaró la existencia de la mora y ordenó que se inicie el proceso de designación del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Así, y en cumplimiento de la manda judicial, en octubre de 2017 se publicó la convocatoria a concurso público de antecedentes y oposición. Ese concurso se sustanció en casi un año y medio y se dividió en cuatro etapas, que respetaron cada una de las disposiciones establecidas en el reglamento del concurso, y en las cuales se pudo ponderar los antecedentes y los planes de trabajo de cada uno de los postulantes. Cada una de las etapas contó con las correspondientes instancias para que las organizaciones de la sociedad civil, organismos, personas en general y los postulantes pudieran ejercer su derecho a impugnar aquello que consideraran irregular.
Luego de cumplidas todas las etapas, el 25 de abril de 2019 la Comisión Bicameral emitió el dictamen por el cual estableció el orden de mérito final de los postulantes que aprobaron el Concurso Público de Oposición y Antecedentes y propuso a las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación a las personas que considera más idóneas para que sean designadas como Defensor/a y Adjuntos de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Sin embargo, la acción judicial iniciada por la Fundación “Más Vida Asociación Simple” persigue frenar un procedimiento que costó casi 14 años lograr que se iniciara, con la consecuente indefensión de las niñas, niños y adolescentes, dado que alega que existieron graves irregularidades, y además se funda en la falta de idoneidad de Marisa Graham por su postura respecto de la interrupción legal del embarazo.
Es por ello que el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Alejandro Amor, con el patrocinio del Consejo de Derechos Humanos de la institución, se presentó como tercero en el expediente judicial para evitar la afectación arbitraria de un proceso de selección que se ha diseñado con la colaboración de organismos internacionales y nacionales expertos en la tutela de los derechos de la niñez, con su reglamento específico y con un órgano de contralor -la Comisión Bicameral- compuesto por 10 legisladores de diferentes extracciones políticas. La Comisión en su dictamen propuso a Graham por unanimidad y basada en los puntajes obtenidos.
En su presentación, el Defensor del Pueblo resaltó los antecedentes y trayectoria académica y profesional de Graham, los cuales dan sobradas muestras de la capacidad e idoneidad que ostenta para asumir con responsabilidad y eficiencia la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, requirió la urgente necesidad de que el Congreso Nacional designe a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para dotar de una tutela efectiva a la totalidad de las niñas, niños y adolescentes de la Nación.
Hoy 5 de junio, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal interviniente rechazó la medida cautelar de no innovar solicitada por la fundación accionante.
En su sentencia interlocutoria fundamentó que no se ha acreditado conforme lo requiere el dictado de una medida como la solicitada –la suspensión de la designación– que hayan existido irregularidades en el proceso de selección, como tampoco encontró evidenciada la falta de idoneidad alegada contra la candidata.
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