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La Defensoría del Pueblo presentó su Presupuesto 2018 en la Legislatura

El Defensor de Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, presentó hoy en la Legislatura porteña el Presupuesto 2018 del organismo que conduce e informó a los legisladores sobre cómo fue la gestión de la institución durante 2017.

El encuentro tuvo lugar en el Plenario de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad, donde –como todos los años- los organismos de control (Defensoría del Pueblo, Auditoría, Procuración y Sindicatura General de la Ciudad) expusieron los lineamientos de la ejecución presupuestaria de este año y los previstos para la gestión 2018 .

Durante su disertación, el Defensor del Pueblo porteño destacó el trabajo de digitalización del organismo, gracias a la incorporación del Expediente Electrónico, lo cual contribuyó a agilizar los tiempos de gestión administrativa y brindar mayor transparencia. «El 30 de octubre empezó con las comunicaciones oficiales y se prevé que hasta el próximo 30 de marzo se avanzará con todo lo demás», informó Amor.

También se refirió al fondo compensador jubilatorio para los trabajadores, la evaluación anual del personal y el control de presentismo, el reglamento para los cargos de conducción, y la situación edilicia que mejoró notablemente al dejar de alquilar tres edificios para pasar a habitar uno solo, lo cual reduce ampliamente los montos que estaban pagando.

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«La Defensoría decidió la incorporación del control por normalía de todos los procesos, tales como compras, licitaciones, dictámenes jurídicos y disposiciones, entre otros. Priorizamos la transparencia de procedimientos y nos volvimos más estrictos con respecto a la administración de fondos. Los informes de cada año serán elevados a los diputados», concluyó el funcionario.

Además, habló sobre la tarea de observación electoral que personal de esta casa realizó durante las elecciones primarias y luego en las generales; sobre la mediación que el propio Amor protagonizó durante el conflicto educativo por la toma de escuelas; habló sobre el asesoramiento jurídico para aquellas personas que requerían la tarifa social para afrontar el pago de servicios públicos esenciales; y sobre las reuniones con referentes de derechos humanos cuando la sociedad debatió el fallo de la Corte Suprema en relación al 2×1 para el caso de Luis Muiña.