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La Defensoría del Pueblo cuestiona los hechos de justicia por mano propia

La respuesta a la violencia nunca puede ser más violencia, y resulta inadmisible como forma de dirimir un conflicto en una sociedad que debe avanzar en su camino hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El 8 de marzo, un adolescente de 14 años había ido a la escuela, como todos los días. Al salir se tomó un colectivo de línea y se bajó en la Plaza Italia, donde debía combinar con otro colectivo para llegar a su casa. Pero lo acusaron de hurtar un teléfono celular y fue golpeado brutalmente por aproximadamente 15 personas que transitaban por la zona. El joven debió ser trasladado a un hospital porteño, donde debieron efectuarle suturas por las lesiones causadas.

Un caso más de justicia por mano propia, que en el último tiempo se han venido replicando en otras localidades de nuestro país con una tendencia que preocupa. De hecho, ya en el año 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los episodios de agresiones ocurridos en nuestro país contra personas acusadas de robo. En ese marco destacó que corresponde al Estado el deber de prevención del delito y la resolución de conflicto e instó al Estado argentino a adoptar una política integral de prevención de estas agresiones a fin de lograr su erradicación. En particular, manifestó su especial preocupación por el hecho de que las víctimas fueran adolescentes, poniendo de resalto que “…resulta preocupante la percepción hacia los jóvenes, especialmente aquellos provenientes de sectores sociales tradicionalmente excluidos, como un potencial peligro para la seguridad ciudadana (…) y urge al Estado, en sus distintos órdenes, a fortalecer las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los y las jóvenes” (1).

Hacer justicia por mano propia es un delito: la respuesta a la violencia nunca puede ser más violencia, y resulta inadmisible como forma de dirimir un conflicto en una sociedad que debe avanzar en su camino hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Considerando los riesgos del efecto multiplicador derivado de su constante divulgación por los medios masivos de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires repudia fervientemente lo sucedido, manifiesta su rotundo rechazo hacia estos actos de violencia colectiva y recuerda que el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes es la principal preocupación que tenemos que tener como sociedad y como Estado.

Por último, se destaca que este organismo de derechos humanos acompaña y brinda asesoramiento jurídico y psicosocial tanto al adolescente como a su grupo familiar.

(1) http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/046.asp