Según expresaron los voceros de la multisectorial al personal de la Coordinación Operativa de Educación, Ciencia y Tecnología que se hizo presente allí, «esta decisión fue tomada unilateralmente y vulnera no solo el derechos de los niños y niñas que concurren al jardín del Ramos Mejía sino también el de las trabajadoras del hospital que son madres y/o docentes del mismo y, en definitiva, de toda la comunidad educativa. Este traslado implica no solo la pérdida de derechos adquiridos sino también la privación de identidad de un espacio de pertenencia que tienen cientos de niños/as que actualmente concurren al Jardín del Ramos. El traslado es un cierre encubierto en una ciudad donde faltan más de 15.000 vacantes y se necesita la urgente construcción de escuelas y la puesta en valor de las que actualmente están funcionando».
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