La primera tarea de este equipo fue asistir a cada una de las comisarías porteñas que habían recibido a los más de 30 detenidos, pedir que elaborasen un listado con los nombres y apellidos de los detenidos y distribuirla entre distintas redes, organizaciones e instituciones de derechos humanos a fin de garantizar que esta información llegue adecuadamente a los familiares de los detenidos.
Inmediatamente después se solicitaron a las autoridades policiales información relativa al juzgado y fiscal que intervenía en la causa: Juzgado Federal 5, a cargo del Dr. Marcelo Martinez Di Giorgi; Secretaría 9, a cargo del Dr. Fernandez (155-662- 5020) o Fiscalía 7, a cargo del Dr. Ramiro Gonzalez; Secretaría a cargo del Dr. Augusto Squillace (156-398- 7301) o Sumario Comisaría 15: 220328/7.
Se procedió asimismo a solicitar que se informen los delitos que se le imputaban a las personas detenidas: Intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad.
En todos los casos, se consultó por el estado físico de los detenidos y si los mismos habían sido revisados por el médico legista.
Toda esta actividad no fue fácil, porque regía el secreto de sumario. Aún así, se pudo entrevistar a tres de ellos, uno de los cuales es fotógrafo gráfico de un medio alternativo y fue detenido y golpeado mientras realizaba su trabajo. De las conversaciones con los detenidos nos enteramos que uno de ellos requería con urgencia una medicación anticoagulante, la cual le fue conseguida a la brevedad por medio de nuestra intervención y con la colaboración del SAME.
El equipo de la Defensoría logró llevar seguridad y certezas a los familiares de los detenidos, los cuales se encontraban muy preocupados por las noticias que vieron en los medios de comunicación.
Asimismo, otro equipo de la Defensoría, esta vez encabezado por Fernando Bertolotti, subsecretario de Asuntos Legales del organismo, se presentó el domingo en Comodoro Py para mantener conversaciones con los funcionarios a cargo del procedimiento para la indagatoria de los detenidos. Allí se pudo constatar que se tomó declaración a los 31 detenidos, los cuales se negaron a declarar.
Por último, la Defensoría abrió una actuación de investigación sobre lo sucedido que está bajo el área de Violencia Institucional, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
