Luego de recibir a las trabajadoras y delegadas de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad (DGM), el Defensor del Pueblo Alejandro Amor y la directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la institución, María Elena Naddeo, se comprometieron a interceder ante las autoridades del gobierno porteño para garantizar el efectivo funcionamiento del organismo que sufre de un recorte de recursos.
“Yo tuve la oportunidad de recibir varios llamados en mujeres en situación de riesgo y es realmente difícil ayudar, contener y resolver en una situación tan límite. El trabajo que hacen las compañeras y los compañeros de la Dirección General de la Mujer es verdaderamente valioso”, sostuvo Amor luego de entregarles a los trabajadores de DGM un documento elaborado por la Defensoría donde recomienda a la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri, que “amplíe y fortalezca los equipos profesionales y no profesionales de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), entre otros dispositivos; que aumente el presupuesto para el área y que cumpla con la ley que obliga al Ejecutivo porteño a abrir al menos un CIM por comuna”.
El documento, que recoge los resultados de una indagación realizada por la Defensoría y aportes de las delegadas de la Dirección General de la Mujer, constata un decrecimiento del presupuesto del área y un proceso gradual de vaciamiento de servicios y programas. “En el Centro Integral de la Mujer de Lugano destinado a la atención de toda la Comuna 8, se desempeña una sola profesional abogada, teniendo que derivar a las mujeres a otros centros más alejados, en Once, y en San Telmo”, denuncia.
Además de la resolución firmada por el Defensor, surge la preocupación por la eventual tercerización de los nuevos Centros Integrales de la Mujer, hecho informado por autoridades del Ministerio tanto a las delegadas como a funcionarias de la Defensoría. “Al tercerizar los servicios no sólo se precariza la situación laboral de quienes desempeñan la tarea sino también se debilita la calidad de la atención”, aseveró Naddeo, y agregó: “El presupuesto de la DGM es exiguo y afecta directamente tanto a las profesionales que desarrollan su tarea en el sector, como así también a la ciudadanía que ve cercenados sus derechos. Es necesario completar los equipos interdisciplinarios, aumentar los equipos existentes y abrir nuevos CIM en las zonas de mayor demanda como Flores, Chacarita, Villa 31, entre otras. Como así también aumentar el presupuesto y completar los equipos profesionales interdisciplinarios en cada uno de los sectores”.
“Nos vamos a reunir con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri para solicitarle que se garantice el efectivo funcionamiento de la Dirección General de la Mujer. Las políticas públicas para erradicar la violencia de género son responsabilidad indelegable del Estado y la ciudad debe cumplir su rol, sobre todo en esta problemática que tan sensible que un colectivo tiene sus derechos extremadamente vulnerados”, se comprometió el Defensor porteño, a lo que Naddeo reforzó: “Toda vez que las respuestas son tardías se obstruyen los derechos y, se obstaculiza la labor de la Dirección General de la Mujer”.
Un presupuesto que se achica año a año
El presupuesto de la DGM no cambió de manera sustancial en los últimos años. Desde 2003 a 2013 varió entre el 1,6 y el 2,6 por ciento del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social, siendo 2003 el de mayor presupuesto relativo. Aunque en 2015 aumentó en relación a 2014 y pasó de representar el 1,45 al 1,6% del total del Ministerio de Desarrollo Social, es inferior al de 2013 (1,7%).
Las trabajadoras del sector acercaron su preocupación a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por la creciente precarización que sufren. Por ejemplo: el Programa de Asistencia a las Víctimas de la Violencia tiene este año un incremento de menos del 8% en su presupuesto (en 2016 el presupuesto previsto fue de $77.023.617 frente a $71.836.885 ejecutados en 2015), mientras que el presupuesto total de la Ciudad aumentó más del 45% por encima del año anterior (ascendió a $129.785.252.925, frente a un ejecutado de 2015 de $ 89.457.327.490).
Por otro lado, el presupuesto que el Poder Ejecutivo envía a la Legislatura para 2017 para ese mismo programa es de apenas $ 86.351.914. Y no hace referencia a la apertura de los nuevos CIM previstos en la ley 5466.
Esa norma fue votada en diciembre del año pasado, recogiendo un reclamo del colectivo #NiUnaMenos y establece que se deben ampliar los CIM a por lo menos uno por comuna “hasta cumplimentar el máximo de 1 (uno) cada 50.000 (cincuenta mil) mujeres por comuna”. Habiendo transcurrido ya nueve meses desde el dictado de la ley, no se conoce a ciencia cierta cuál es el estado de implementación del nuevo dispositivo. Preocupan asimismo los indicios de que los nuevos CIM serían gestionados por organizaciones sociales.
De la reunión, además del Defensor y la Directora de la Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad del organismo, participaron las delegadas Sonia Santoro y Miriam Bobadilla; y Silvina Pennella, secretaria General de la Defensoría.
