Según señala el escrito –realizado por la Dirección General de Transporte dependiente de la Subsecretaría de Derechos Políticos de la institución-, no abarcar la problemática del transporte desde una óptica metropolitana poco puede explicar las complicaciones diarias que afectan al área en su conjunto: “El sistema de transporte vigente es un sistema malsano, puesto que segrega a los usuarios según sus ingresos, arrojando a los más carenciados hacia los medios de peor calidad (…) El caso del subte es paradigmático porque no sólo se encarece el valor del pasaje sino que la calidad del servicio prestado ha ido en franco detrimento”, explica el texto. Además, agrega que “aumentar la tarifa no responde a las potestades fijadas por ley, sino que obedece a una política que reduce el rol público a un mero fiscalizador y no comprende el rol social que desempeña el transporte dentro del sistema”.
En sus conclusiones, subraya que deberán “analizarse esquemas que permitan la creación y desarrollo de una red de transporte integrada que contemple los modos ferroviarios, automotor y subterráneo” y que el aumento en su tarifa discrimina a los sectores de menores ingresos expulsándolos de la posibilidad de acceder diariamente a este medio de transporte.
La propuesta de la Defensoría del Pueblo porteña responde a la necesidad de encontrar una respuesta que contemple a la región metropolitana debido a la interacción constante entre Ciudad y la Provincia de Buenos Aires: “Si no se piensa al transporte en clave metropolitana logrando la interacción entre los 3 actores involucrados -Ciudad, Provincia y Nación- la capacidad se verá desbordada al igual que el costo que, distribuido en el total de la población, subsidiará un sistema cada vez menos eficiente y divido según los ingresos y posibilidades”, finaliza el informe.
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