La Adjuntía a cargo de Bárbara Bonelli elaboró una investigación que busca indagar y comprender de qué manera el Estado asiste a las y los sobrevivientes del delito de trata de personas. A su vez, este trabajo brinda recomendaciones para hacer más eficaz la asistencia por parte del Estado por medio de diferentes políticas públicas y leyes.
Además de la Defensora del Pueblo Adjunta, participaron de la presentación del material Alessandra Cutuli, representante del Consejo de Derechos Humanos de la institución; el secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROTEX), Marcos Parera; y Alika Kinan, sobreviviente, emblema de la lucha contra la trata y titular de la Fundación que lleva su nombre.
“Las y los sobrevivientes de la trata de personas tienen derecho a acceder a los medios que garanticen la construcción de un proyecto de vida en libertad y para garantizarlo, es vital conocer su voz, identificar qué necesitan y en qué falla el Estado al brindar asistencia”, destacó Bonelli.
Por su parte, Cutuli señaló la importancia de abordar esta problemática de forma integral bajo tres perspectivas y pilares centrales: derechos humanos, género y interseccionalidad.
“La trata de personas no es un fenómeno estrictamente penal, sino también social, cultural y económico. No hay que abordarla solo desde el punto de vista penal”, añadió Parera.
Finalmente, Kinan remarcó la importancia de generar políticas públicas concretas y específicas para las personas víctimas de trata que brinden soluciones rápidas y eficientes.
La investigación presentada busca visibilizar las voces de las personas protagonistas, escuchar su experiencia en cuanto a la asistencia recibida por parte del Estado y cómo la misma incide o no en la accesibilidad a la construcción de un proyecto de vida que permita ser un punto de inicio para recuperar la esperanza.
Por medio de testimonios brindados por las sobrevivientes y de los organismos e instituciones que trabajan esta problemática, el trabajo pretende construir una mejor hoja de ruta para que la asistencia integral salga de lo normativo y se materialice en las vidas de las sobrevivientes y sus familias.
