La Defensoría del Pueblo, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña y el Foro contra la Violencia Institucional organizaron el 1 y 2 de junio en Av. Belgrano 673 un encuentro para debatir estrategias para la prevención y erradicación de los malos tratos y abusos hacia niños niñas y adolescentes.
La iniciativa parte de la necesidad de difundir el artículo 647 del nuevo Código Civil que elimina la vieja figura del “correctivo” todavía existente en la vieja redacción.
La jornada del miércoles 1 de junio comenzó con palabras de apertura de María Elena Naddeo, directora general del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, quien destacó que “las nuevas temáticas deben ser abordadas con nuevas herramientas”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, Andrea Conde, manifestó que las reformas en el nuevo código lograron plasmar un modelo de trato más igualitario entre adultos y niños. “Las violencias ahora están puestas en escena. Ya no se habla solo del ámbito familiar sino también de la violencia institucional”, señaló. Luis Duacastella, Defensor General Adjunto Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Defensa porteño expresó que “hay que repensar la estructura judicial a las luz de los derechos del niño y las reformas del código. Hay ausencia de perspectiva de derechos en los operadores judiciales”. Finalmente, María Graciela García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Defensoría porteña y en representación del Defensor Alejandro Amor, agradeció la presencia de los especialistas que brindaron su participación en la jornada y dijo que “caminamos en una dirección cada vez más pensada en el derechos de niños, niñas y adolescentes”.
A continuación, la Defensoría del Pueblo porteña otorgó un reconocimiento a Nelly Minyersky, profesora consulta de la Facultad de Derecho y titular de la Maestría en Políticas Infanto Juveniles de la Universidad de Buenos Aires, por su trabajo dedicado a la temática.
El primer panel analizó los aspectos transformadores del nuevo Código Civil en materia de niñez y fue coordinado por Sonia Santoro, integrante del equipo del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la institución. Mary Beloff, Fiscal General de Política Criminal, DDHH y Servicios Comunitarios de la República Argentina, expresó que “la historia de protección de derechos de la infancia es centenaria, pero en el derecho internacional esta idea es bastante reciente”. Por otra parte, Marisa Graham, ex subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, expuso sobre adopción en el nuevo Código Civil. Manifestó que “se pone al niño en el centro de la cuestión en vez de focalizarse en el adulto. La nueva normativa establece que los niños son parte del proceso de adopción y los saca de la visión de objeto de transición”. Finalmente, Nelly Minyersky señaló que “mujeres y niños son objetos de derecho en este nuevo Código. Partimos ahora de un marco de igualdad. Sin embargo, debemos seguir realizando mejoras porque no sirve tener la ley si al afector no le interesa”.
Bajo la consigna Impacto del maltrato en la vida de los niños, Nora Schulman, directora ejecutiva de CASACIDN, abrió el segundo panel de la jornada y expresó que recién en 2006 hubo un estudio internacional sobre violencia contra los niños. “Hay que empezar a tomar conciencia de que la violencia se ejerce desde un lugar de poder. El Código prohíbe la violencia contra los niños y la idea es trabajar entre todos con las nuevas manifestaciones de violencia de las que el Código Civil no habla pero existen”. María Graciela García dijo que el lugar que ocupa el Estado es el de acompañar el proceso de aplicación del cambio de paradigma en donde el niño no tiene que ser pensado como un objeto de tenencia. Florencia Gentile, plenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Legislatura, expuso sobre en impacto de la violencia y sus efectos sociales. “Hay tres efectos que hay que tener en cuenta: las agresiones físicas se continúan en cadenas de violencia; la distribución de la violencia es desigual; y la violencia termina siendo un lenguaje expresivo”, señaló. Por su parte, Agustina Lloret, integrante del CELS, planteó el trabajo que el Centro lleva adelante en cuanto a prácticas de violencia policial e institucional. Destacó el acompañamiento que el CELS lleva a cabo con las familias y víctimas de este tipo de violencia, uso de la fuerza y hostigamiento. Finalmente, el psicoanalista Juan Carlos Volnovich manifestó que “la peor de las violencias es el abandono liso y llano”.
En el siguiente panel sobre Dispositivos de denuncias, estadísticas y realidades complejas, disertaron Paola Rovediello y Carina Rago, ambas de los Equipos de Atención a Víctimas de Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Agustina Panissa, del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo porteña; Franco Ghiglino, coordinador de Abogados por los pibes de la Facultad de Derecho de la UBA; y Mariela Labossetta, de la Unidad Fiscal Especializada (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Rovediello y Rago detallaron cómo es el proceso de acompañamiento a la víctima en la reivindicación de sus derechos y especificaron que “tanto en el equipo de violencia sexual como en el de violencia familiar, la mitad de las intervenciones son hacia niñas, niños y adolescentes. En violencia sexual, desde la creación del programa en 2006 hasta la fecha, hubo 9670 intervenciones, de ellas 4800 son de niñas niños y adolescentes. Mientras que en violencia familiar, de 14.000 casos, más de la mitad son de niñas, niños y adolescentes”.
Por su lado, Panissa hizo la descripción de un caso concreto trabajado por la Defensoría y se refirió a la importancia de trabajar de forma articulada y coordinada entre ciudad, provincia y nación, porque es “únicamente de esa manera que se puede revertir las situaciones de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad y de todo el país”. En su exposición, Ghiglino destacó la importancia de los actuales dispositivos y organismos protectores de derechos de los niños, que se encargan de reparar tanto daño y asistir activamente a la víctima para no sólo restituir derechos sino también para revisar las prácticas de los expertos en la problemática. Asimismo, remarcó que la figura del abogado del niño es vital porque es quien “sostiene la voz del menor” en el transcurso de las causas.
Por último, Labosetta manifestó que la UFEM se creó “bajo una perspectiva distinta, para que haya una unidad central que trabaje estratégicamente en el diseño de política criminal en materia de violencia”. En este sentido, opinó que “la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural que no está circunscripto al ámbito doméstico. Si se sesga la mirada, nos privamos de dimensionar hasta dónde está inserta la violencia en el tramado social”.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, se presentó en el evento para saludar y agradecer la participación de todos los especialistas. Aprovechó la oportunidad para anunciar quele pidió al Presidente de la Nación “que se designe al Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional, institución que fue creada y hasta ahora no cuenta con ningún cargo, porque es una figura fundamental para la defensa integral”. Además, Amor señaló que “convocamos a todas y fundamentalmente a todos a la marcha de Ni Una Menos, ya que cuando hablamos de femicidio vemos claramente que los responsables son los hombres, por eso el cambio tiene que empezar por nosotros, los hombres, tenemos que cambiar la conducta, la cultura y terminar con esta costumbre machista del cachetazo. El Defensor del Pueblo porteño concluyó que en la próxima marcha “tiene que haber muchos más hombres que en las anteriores y no en menoscabo de las mujeres, sino para luchar todos juntos por la misma consigna: Ni una menos contra la violencia de género”.
Luego, se llevó a cabo la última mesa expositora del día, denominada Políticas públicas de inclusión en la prevención y atención de las víctimas. Participaron Adriana Martínez Bedini, Vicepresidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Indart, Coordinador del Departamento de Violencia Familiar del Hospital Elizalde, María Elena Naddeo, Directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo porteña, y Rubén Efrón, psicoanalista y psiquiatra infanto juvenil. Martínez Bedini enumeró que en el Consejo, de diciembre hasta hoy, se tomaron más de 200 medidas, de las cuales se prorrogaron 157, y 20 se dieron de baja, porque se logró resolver la estrategia que se venía tratando con los padres de los menores involucrados. “Desde el Consejo las acciones de políticas públicas están encaradas en la promoción y protección de derechos”, expresó. La funcionaria agregó que “la nueva reforma del código civil le dio a los niños la capacidad de ciudadanos, los ubicó en un status jurídico de poder ser oídos y de que su opinión sea tenida en cuenta”. Por su parte, Indart consideró que, en relación a las dificultades en la metodología del abordaje, “se debe trabajar sobre un diagnóstico de una situación de vulneración de derechos estando el niño en resguardo”, y agregó que la prioridad es resguardar al niño y luego escucharlo para llevar adelante el caso.
La Directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría, puntualizó que hay que enmarcar a los malos tratos y las violencias contra niñas, niños y adolescentes dentro de una de las formas de abuso de poder, “de la expresión perversa de una sociedad atravesada por las relaciones de dominación”. Añadió que la mayoría de estudios al respecto demuestra que los agresores se encuentran entre los conocidos, el 80 por ciento de los victimarios de las niñas, niños y adolescentes está en el hogar, encabezado por el padre biológico. “Toda forma de discriminación hacia la mujer, la igualdad entre varones y mujeres, la democratización de la vida familiar, la superación de los estereotipos de género y la opresión patriarcal o machista son condiciones necesarias para el acceso a los derechos del conjunto de los integrantes de las organizaciones familiares”, determinó Naddeo.
Para finalizar, Efrón habló de la necesidad de cuestionar los protocolos encubiertos y generar reglas que establezcan ciertos grados de racionalidad, que desde el campo de los derechos humanos se avalen en la medida que sirvan para neutralizar o amortiguar el poder represivo de las fuerzas de seguridad. “Las fuerzas represivas tienen naturalizado a los niños y a los jóvenes de los sectores humildes como los blancos predilectos en su poder represivo”, resaltó. También instó objetar “todo aquello que apunte al vaciamiento de dispositivos que atienden a la promoción y protección de los derechos de los niños y de los jóvenes”.
La segunda jornada que se realizó el jueves 2 de junio, comenzó con palabras de bienvenida de Inés Ferreyra, miembro del equipo del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, y con Gustavo Gallo, Defensor a cargo de la Unidad Funcional para Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, quién saludó especialmente al equipo técnico de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santiago del Estero que asistió al evento.
El panel titulado Estrategias para la prevención y el mejoramiento de los procedimientos de protección y atención, comenzó con la exposición de Sandra Madeira, perteneciente al equipo de Servicio Social del Hospital Piñero, quien detalló sobre las experiencias en las intervenciones profesionales en el servicio de urgencias de ese hospital. “El desafío es encontrarle sentido a las intervenciones. Desde el caso de Agustín, aumentó la atención en cuestiones de maltrato infantil en la guardia del hospital”, enunció. José Machain, plenarista del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, planteó sobre algunos fallos arbitrarios que se produjeron contra menores, como por ejemplo el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que habilita a la Policía a detener a jóvenes que considere que están en situación de abandono. Machain sostuvo que “hay una necesidad de realizar un protocolo para definir las situaciones problemáticas”. Por otra parte, Leonardo Petris, miembro de la Comisión Directiva del Hogar Casona de los Barriletes, expuso sobre el trabajo que llevan adelante desde el hogar y manifestó que “la peor vulnerabilidad que afecta hoy a los chicos es la falta de amor y de capacidad de crianza de los adultos”. Del mismo panel participó Angélica Graciano, secretaria pedagógica de UTE CTERA que manifestó que el sector docente en la Ciudad de Buenos Aires debe ser formado en temas sobre violencia infantil. “Hay que lograr estrategias conjuntas en beneficios de los chicos”, señaló. Adriana Granica, coordinadora del equipo de Abogados del Niño, expresó que que hay un cambio de paradigma respecto a los niños. “Antes eran vistos como objetos y ahora son considerados sujetos. Previo a la Convención sobre los Derechos del Niño, no eran escuchados”, dijo. Finalmente, Susana Reyes, coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, destacó la importancia de la escuela y la tarea que emprenden frente a los chicos que se encuentran en situación de calle. Manifestó que “todos los pibes tienen que ir al colegio. Recibimos mucha colaboración de diversas redes y otras instituciones como el Hospital Argerich”. A modo de cierre, Gustavo Gallo concluyó que “hay que tener una mirada amplia para poder unir la ley con las necesidades de las personas”.
Luego de un breve debate e intercambio de ideas de los asistentes, María Elena Naddeo cerró el evento y manifestó que “fueron dos jornadas intensas, conmovedoras y necesarias para actualizar las normas en el marco del nuevo Código Civil”.
