El evento contó con la participación de diferentes especialistas en materia de inmigrantes, quienes realizaron sus exposiciones en dos mesas de trabajo o paneles que se llevaron a cabo durante la jornada.
En la apertura se pautó un panel sobre “El rol de las Defensorías del Pueblo en la protección de las personas migrantes”, conformado por Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo Honores, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires; Elena Arce Jiménez, responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Defensoría del Pueblo de España; Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar y Pablo Ceriani Cernadas, vicepresidente del Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de Naciones Unidas y director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús.
En la apertura del evento, el Defensor del Pueblo porteño señaló que además de tomar la definición de la migración como un derecho humano, “creemos que desde México hasta Tierra del Fuego no hay migración, somos todos compatriotas porque tenemos historias, orígenes y luchas comunes”. Amor comentó que a partir del nuevo decreto presidencial de necesidad y urgencia sobre las políticas migratorias se efectuó una presentación ante el Congreso donde se fijó la posición como Defensoría del Pueblo “con la idea de que nos retrotraía a la denominada Ley Videla”. Por último, aseveró: «Yo no creo en la sociedad de la tolerancia, creo en la sociedad de la convivencia, que al que tengo al lado lo tomo con sus valores, con sus costumbres, con su historia, con su identidad, con su pensamiento y lo acepto como tal. Rechazo la sociedad de la tolerancia y creo en la construcción de la sociedad de la convivencia”.
Por su parte, Honores opinó que la migración es un derecho humano esencial e inalienable. “Los procesos migratorios no pueden analizarse desde una postura utilitarista, la persona migrante no puede ser valorada de ningún otro modo que no sea como sujeto de derecho”, expresó. Asimismo, dijo que actualmente hay catorce elementos internacionales -entre los que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos- que tienen jerarquía constitucional en la Argentina y que por esa razón se obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con su disposición. El Defensor Adjunto de la Provincia concluyó que “el problema es que se toma al colectivo migrante como fondo del conflicto en el marco de la política criminal, generando un profundo impacto sobre las libertades humanas y afectando a las poblaciones de países limítrofes. En ese sentido, lo que más nos preocupa del mencionado decreto es que se incorporan nuevas causales de restricciones para el ingreso, permanencia y expulsión de los inmigrantes”.
Arce Jimenéz relató que desde su inicio la Ley de Inmigración Española jamás respondió a la realidad y subrayó la cantidad de muchas mujeres solas, sobre todo latinoamericanas, que llegaron a ese país y que la normativa vigente “nunca pensó en ellas”. Luego, enunció los cuatro recursos de inconstitucionalidad que interpuso el Defensor del Pueblo de España desde 1985: contra la creación de centros de internamiento para extranjeros, contra la privación de libertad de los solicitantes de asilo en los aeropuertos, contra la ley de asistencia jurídica gratuita que excluía a los extranjeros en temas que no fueran penales y contra la ley de acogida catalana que obligaba a los extranjeros a tener conocimientos de ese idioma para obtener certificado de integración a la sociedad. Si bien la Justicia no hizo lugar a todos estos recursos, la Defensoría española obtuvo atribuciones para el seguimiento de esos temas específicos y visitas a los lugares en cuestión. Para terminar su exposición, enfatizó que “la preocupación ha sido salvar ante todo la no discriminación, que las personas no tengan diferencias en sus derechos e impedir que cualquier ley ponga trabas a la efectiva integración de los extranjeros”.
A continuación, Fernández advirtió que en su municipio se observa una especie de convencimiento de que hay un uso por parte de los inmigrantes que no les corresponde, como la sala del hospital o la escuela. Asintió que “esas situaciones de discriminación marcada, de bullying y de dificultad de integración se traslada a sus hijos en el ámbito escolar”. La Defensora del Pueblo de Escobar afirmó: “Nadie es ilegal en sí mismo, en todo caso hay que abordar la regularización de la documentación a los efectos de que el Estado les reconozca la residencia precaria y puedan ejercer plenamente derechos propios como el acceso a un trabajo formal y el ejercicio al voto”.
En tanto, Ceriani Cernadas se refirió a la mala costumbre de pensar en la persona migrante como otro, como alguien que no es parte, y por lo tanto la sociedad limita y define cuáles son sus derechos y hasta dónde pueden llegar. Destacó, además, la necesidad de analizar y trabajar desde las Defensorías esta problemática porque “justamente es el mandato de estas instituciones proteger los derechos de todos los que hacen ese pueblo, esa sociedad”. Como conclusión, subrayó que: “Todas las personas que viven o transitan estos espacios territoriales son parte de los derechos que se deben garantizar en defensa de las personas migrantes y abordar el tema migratorio en cada una de las áreas afectadas”.
Luego, se desarrolló el segundo panel, “Principales problemáticas abordadas desde los Órganos de garantías y modalidades de intervención”, que estuvo a cargo de Camila Carril, subdirectora de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Alejandra López, directora general de Políticas Públicas de la Unidad Defensor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Elena Arce Jiménez, Rocío Fernández y Agostina Carla Hernandez Bologna, del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLA, quien fue la moderadora de la mesa.
Carril manifestó que “como la migración es un proceso social, en la Defensoría se aborda no sólo desde la mirada jurídica sino también desde el punto de vista general” y se adopta cada caso con una visión integral del problema que trae al migrante estableciendo prioridades de trabajo.
Por su lado, López, quien se especializa en el campo de la comunidad de las mujeres que se encuentran en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, indicó que no hay políticas públicas receptivas para las mujeres en general y menos aún en el caso de las migrantes y que la falta de la documentación se debe en la mayoría de los casos a que el documento es retenido por la policía. “Hay que hacer un trabajo de construcción y de concientización respecto de estas mujeres”, sugirió.
En esta oportunidad, Arce Jiménez contó que la principal queja del inmigrante en España es “la demora imposible de asumir” para adquirir la nacionalidad española, que en la práctica se vienen retrasando más de cuatro o cinco años.
De la jornada también participaron los Defensores del Pueblo de Santa Fe y de Lanús, así como representantes de otras Defensorías nacionales y referentes de organizaciones de migrantes y de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CELS y CAREF.
