La jornada, que se llevó a cabo el 12 de septiembre en la Cámara de Diputados de la Nación, contó con la participación de las diputadas nacionales Carla Carrizo y Paula Oliveto; la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad, Pamela Malewicz; el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; y Alika Kinan, sobreviviente de trata con fines de explotación sexual y CEO de la Fundación Alika Kinan. Por parte de la Defensoría estuvo presente Bárbara Bonelli, Defensora del Pueblo Adjunta.
“Tenemos que trabajar activamente en políticas que brinden respuestas más efectivas e inmediatas a esta problemática, y avanzar en una agenda conjunta”, señaló Malewicz.
En tal sentido, la diputada Oliveto remarcó la necesidad de que el Estado pueda reparar el dolor de las víctimas y explicó los ejes principales del proyecto de ley presentado para establecer a la trata de personas como delito de lesa humanidad e imprescriptibilidad.
Por su parte, la diputada Carrizo presentó el proyecto de ley de su autoría para la creación de una pensión para víctimas de trata y explicó que en 2012 se creó el Fondo de Asistencia a las Víctimas -que se compone con el dinero y los bienes que se decomisan en las causas- pero este dinero aún no les llega por lo que propuso que el mismo se gestione de modo más ágil. “Tenemos que hablar de una asistencia que se sostenga en el tiempo, que genere uniformidad y brinde una verdadera autonomía económica para las víctimas”, destacó.
En este aspecto, Alika Kinan – emblema de lucha contra la trata de personas- enfatizó que las víctimas merecen una reparación económica y hasta el momento el fondo solo compensó a una sola mujer.
Finalmente, Bonelli señaló que persisten demoras y falencias en la aplicación de la normativa sobre asistencia a víctimas y que la evidencia tiene que ser la propia voz de las sobrevivientes. En ese marco, compartió los principales resultados de una investigación elaborada por la Defensoría que busca indagar y comprender de qué manera el Estado asiste a las y los sobrevivientes.