El eje central del encuentro se basó en la importancia de los testimonios en los juicios de lesa humanidad y, en este marco, se desarrolló un panel de expositores que contó con la participación de Silvina Pennella, titular del Consejo de Derechos Humanos de la casa; Mercedes Soza Reilly, fiscal federal del Ministerio Público, ex fiscal ad hoc del juicio Esma III; Daniel Cabezas, testimoniante en los juicios e lesa humanidad y querellante en la causa denominada Contraofensiva Montonera; Graciela Lois, directora de la Coordinación de Derechos Humanos de la Defensoría e integrante fundadora de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Daniel Rafecas, juez titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires; y Alejandro Amor, Defensor del Pueblo porteño.
Los integrantes de la mesa saludaron especialmente y agradecieron la asistencia entre el público presente de la prestigiosa profesora de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y ex jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Lucila Larrandart, y de la ex Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini.
Silvina Pennella, encargada de la apertura del evento, indicó que este espacio “está justamente pensado como un ámbito de reflexión donde se cruzan algunos de los hitos de avance más relevantes en la materia”, como los 50 años de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la conmemoración de los 40 años de la visita histórica de la Comisión a la Argentina para investigar las denuncias sobre torturas, detenciones ilegales, secuestros y centros clandestinos. Asimismo, comparó “el valor enorme que tienen para todos nosotros los archivos históricos recopilados por los organismos de derechos humanos” con los procesos de los juicios de lesa humanidad. “Contribuyen a la construcción de la memoria y al derecho a la verdad, como así también al soporte fundamental para la prueba que se presenta en estos juicios”, agregó.
Por su parte, Soza Reilly señaló que, con la vuelta de la democracia, “Argentina decidió pararse en algunos pilares que son estandartes inamovibles: memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esos pilares, que se mantienen hasta el día de hoy en nuestro país, fortalecieron el estado de derecho y se originaron gracias a las palabras y a las personas que pudieron dar cuenta y testimonio de lo ocurrido durante la dictadura”. La fiscal sostuvo que a partir de ese momento la Justicia pudo escuchar a las víctimas -sobrevivientes y familiares-, dignificar la palabra y, esencialmente, probar los crímenes aberrantes que se habían cometido e insertar a cada uno de los imputados en las estructuras represivas que funcionaron en el plan sistemático de exterminio. Para finalizar con su exposición, planteó cinco “desafíos” a tener en cuenta para seguir analizando y optimizando de cara al futuro: la desaceleración de los juicios, las leyes de amnistía, el indulto humanitario, la importancia de visibilizar de manera más profunda los delitos sexuales contra las mujeres debido a la falta de condenas firmes y la situación del estado soberano versus el sistema regional de los derechos humanos.
En tercer lugar, Daniel Cabezas se refirió al testimonio como acción de resistencia y reparación. Expresó: “Para nosotros, que fuimos las víctimas, yo estuve detenido en la cárcel de Campo de Mayo y mi madre en la Esma, estaba todo probado. Pero la ‘verdad’ aparece en los juicios, porque a la sociedad se la obligaba a mirar la historia con los ojos del poder o del dominador, y nosotros allí empezamos a contar la realidad con nuestra mirada porque estuvimos ahí”. Cabezas añadió que ahora, a partir de los procesos judiciales, se reivindica el derecho a la resistencia y se demuestra la metodología y la responsabilidad civil y empresaria durante la dictadura militar.
Respecto a las acciones de las víctimas en la lucha contra la impunidad, Graciela Lois, enfatizó que todos los que comprenden Familiares, Madres y Abuelas resistieron precisamente gracias al valor del testimonio de cada uno, que en ese momento era por escrito. “La reparación que sentimos cuando vamos a declarar es inmensa, cuando declaré en la causa Esma sentí que se me caía ese peso enorme que había llevado durante tantos años y no sólo por Ricardo, mi marido, sino también por todos los compañeros”, relató.
En cuanto a la configuración de los crímenes de lesa humanidad, de la Shoa al terrorismo de Estado, Daniel Rafecas manifestó que en el caso de la argentina –al contrario de lo sucedido en torno al genocidio de la segunda guerra mundial-, a partir de la reapertura de los juicios hace quince años, “es indiscutible que los testimonios de los sobrevivientes en los procesos, tanto en la etapa de instrucción como en los debates orales y públicos, constituyen la estructura central de las imputaciones de las acusaciones y de las condenas”. Sin embargo, destacó que en la última parte del terrorismo de estado se produjo el exterminio planificado y sistemático con métodos evidentemente compartido por las tres fuerzas, como los vuelos de la muerte y los fusilamientos masivos, y en la gran mayoría no se logró condenar en concreto a los perpetradores de esos hechos. El juez federal opinó que “el juicio y castigo a los criminales es lo que procura la verdadera reparación y no la económica, que durante una época se daba en un contexto de vigencia de las leyes de impunidad”.
Por último, el Defensor del Pueblo porteño consideró: “Estamos viviendo una política permanente de relativización, silenciamiento y ocultamiento de lo que sucedió durante la noche más oscura de la Argentina”. En este sentido, aseveró que no es una circunstancia que una diputada de la Nación diga que hay que revisar los juicios, ni que el embajador en Haití el día que se celebraba el aniversario del Ejército Argentino salude diciendo que es un orgulloso hijo de un alto oficial del Ejército Alemán de la segunda guerra mundial -que por eso la Defensoría pidió el sumario y expulsión del Ministerio de Relaciones Exteriores de este diplomático-, como tampoco que quien fue ministro de Cultura haya dicho que los desaparecidos no son 30 mil, que ‘como mucho serán 9 mil’. “Son frases que aparecen sueltas pero que forman parte del pensamiento de un sector importante de la sociedad”, mencionó. Para concluir, Alejandro Amor acentuó que “acá no hubo dos demonios, hubo un infierno que lo desató una dictadura cívico militar con un aparato represivo que fue por la destrucción de una generación. Por eso siempre destaco el ‘Nunca Más’ del fiscal Julio César Strassera como así también la decisión del ex presidente Néstor Kirchner para que el Congreso declare las leyes de punto final y obediencia debida que garantizaban la impunidad a todos los represores”.
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