El conflicto había comenzado en el transcurso de la mañana cuando Diego Sadowski, funcionario de la Unidad Ejecutora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se había presentado diciendo que iban a tapiar los accesos a la vivienda -sujeta a la traza de la ex AU 3- a fin de evitar futuras ocupaciones. Según el relato de algunos vecinos del lugar, en el inmueble viven nueve familias desde hace más de 30 años, quienes manifestaron su rechazo al procedimiento que se estaba llevando a cabo porque temían que la estructura edilicia se derrumbe a causa de las fuertes vibraciones.
Luego de conversar con el funcionario se acordó suspender hasta el martes 26 de mayo la intervención. El lugar quedó bajo consigna de la Policía Metropolitana con el fin de asegurar el espacio hasta tanto se decida qué medidas tomar.
La Defensoría quedó a disposición de los vecinos, que fueron informados de la decisión, comprometiéndose a realizar el seguimiento del caso y de las futuras medidas que se implementen.