En representación de la Defensoría participó Mónica Colman, directora de Asistencia Jurídica en Relaciones del Trabajo y Sociales, quien expuso los puntos principales del proyecto de ley (1739-F-2017).), evacuando algunas dudas que surgieron y dando lugar también a los comentarios y sugerencias que aportaban los asesores. El proyecto propone la creación de un Registro de Talleres y Actividad Textil (ReTaT) al que deberán inscribirse las empresas que se dediquen a la fabricación y/o comercialización de prendas y artículos alcanzados por la ley y los talleres textiles que participen en el proceso productivo de las prendas y/o productos determinados.
Para inscribirse en el ReTat, las empresas y talleres solicitantes deberán abonar un arancel mensual fijado por la Autoridad de aplicación a los efectos de sustentar económicamente el funcionamiento del registro. Además, han de contar con habilitación vigente, o constancia de la misma en trámite, también denunciar el carácter en que detenta el inmueble donde se realizan las tareas, que deberá cumplir con los estándares de seguridad y condiciones dignas y medio ambiente de trabajo establecidos en las normas. Por otro lado, la iniciativa determina las obligaciones de las empresas/empresarios y titulares de los talleres textiles que al inscribirse deberán mantener actualizada la información de sus dependientes, denunciar las altas, bajas y modificaciones que se produzcan en la relación de un empresario con el taller textil, informar la nómina de talleres a su cargo, y producir, hacer producir y/o comercializar prendas o productos que cuenten con las etiquetas que demuestren haber sido intervenidos por un taller registrado.
Asimismo, con el fin de promover la inscripción al ReTaT, el proyecto impulsa al Poder Ejecutivo a brindar asistencia técnica y económica a las empresas sobre el funcionamiento del registro, y a la comercialización de prendas y productos provenientes de talleres textiles registrados así como también asistencia económica en relación a la adecuación de los establecimientos.
Por último, a los fines del seguimiento de la ley, se propone la Creación de una Comisión de Seguimiento, que funcionará en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrada por diversos actores políticos y sociales determinados en el artículo 14 del proyecto y presidida por la Defensoría del Pueblo, como órgano imparcial en la defensa de derechos.
El trabajo en comisión continuará durante la próxima semana, en la cual Colman responderá preguntas técnicas y puntuales respecto de la iniciativa de la Defensoría del Pueblo.
