Ante el comienzo de un nuevo año escolar en el que continua presente la emergencia sociosanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), en coordinación con las autoridades educativas nacionales, dispuso el retorno a la presencialidad a partir del 17 de febrero de 2021.
Con la finalidad de garantizar un retorno seguro a las aulas, las autoridades del gobierno local elaboraron el Protocolo para el Inicio de las Clases Presenciales 2021 el cual tiene por objeto “establecer pautas y lineamientos, generales y específicos, para la elaboración de medidas de prevención con el fin de mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 en la población sujeto de este protocolo e indicar a las personas que desarrollan actividades en el establecimiento cómo proceder ante la detección de un caso sospechoso durante el desarrollo de las actividades”.
El protocolo es de aplicación para el sistema educativo de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alcanza a la totalidad de los/as estudiantes y al personal docente y no docente. Cada establecimiento educativo, con la supervisión del Ministerio de Educación, debe establecer un plan de trabajo y organización interna para garantizar la mayor presencialidad posible de acuerdo con los lineamientos del protocolo. Las medidas detalladas en el protocolo se basan en las recomendaciones efectuadas, hasta el momento, por el Ministerio de Salud de la Ciudad, las que se encuentran en permanente revisión. Por ello, el protocolo puede tener ampliaciones o modificaciones de acuerdo con los cambios que se produzcan con respecto a la situación epidemiológica y las distintas directivas dispuestas por las autoridades sanitarias.
En ese marco, y en cumplimiento de sus misiones y funciones, la Defensoría del Pueblo se propuso relevar las escuelas de gestión estatal con el objetivo de conocer las condiciones en las que se está realizando la reapertura de los establecimientos educativos. La finalidad de la intervención fue monitorear si el reinicio de la presencialidad educativa cumple con las medidas necesarias para garantizar condiciones seguras para el conjunto de la comunidad educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esa línea, personal de la Defensoría del Pueblo está recorriendo las escuelas públicas de la Ciudad desde el inicio del ciclo lectivo 2021 observando los principales inconvenientes, dificultades e irregularidades relacionadas con el cumplimiento del protocolo sanitario. Asimismo, se están realizando entrevistas a directivos de las escuelas para conocer algunas cuestiones relacionadas con el objeto de estudio y relevar las principales necesidades de los establecimientos educativos.
En este informe se desarrollan los principales resultados obtenidos hasta el momento, los cuales surgen de una muestra de 257 escuelas, seleccionadas con un criterio metodológico que permite obtener conclusiones generales y particulares sobre la situación actual y efectuar una serie de recomendaciones con el fin de mejorar el cumplimiento del protocolo.
Algunas conclusiones del relevamiento
La continuidad de la pandemia durante el año 2021 requirió que las autoridades sanitarias y educativas dispusieran medidas excepcionales para que los/las estudiantes de los distintos niveles educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan retornar a la presencialidad. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo nos propusimos relevar las condiciones en las cuales se está produciendo este retorno. El particular momento histórico por el que estamos atravesando y la dinámica estacional y compleja que ha demostrado el COVID-19, nos hace pensar que los datos obtenidos hasta el momento son tan solo una fotografía de la situación actual y que pueden variar en el corto plazo en sintonía con el contexto de incertidumbre en el que nos toca vivir.
Con respecto a esto, observamos que las escuelas públicas no están exentas del avance de la pandemia, toda vez que en 1 de cada 3 establecimientos educativos tuvieron que aislar al menos un aula (burbuja) por un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Aún más, vimos cómo semana a semana fue subiendo la proporción de escuelas con burbujas aisladas, llegando en el último tramo del relevamiento al 50% de los casos relevados. La mayor proporción de aulas aisladas se produjo en el nivel primario, dado que en el 42% de las escuelas relevadas de este nivel tuvieron que aislar al menos una burbuja.
Se constató que el 64% de las escuelas no tienen cuarto de aislamiento o bien el mismo no reúne condiciones adecuadas (falta de ventilación y/o baño exclusivo). En este marco de aumento de casos sospechosos dentro de la comunidad educativa, resulta fundamental aplicar estrictamente todas las medidas sanitarias tendientes a detectar casos rápidamente, aislarlos de forma segura dentro de los establecimientos cuando sean detectados durante la jornada escolar y cumplimentar los días de aislamiento previstos por el Ministerio de la Salud.
Dentro de estas medidas de detección es muy importante la toma de temperatura y la higienización de manos al ingreso, situaciones que las escuelas están cumpliendo de forma satisfactoria.
Sin embargo, existen también situaciones a resolver en lo ateniente al ingreso, dado que se comprobó que en el 54% de las escuelas se producen amontonamientos de personas en la puerta o que no se respetan las filas, y que en un 30% de los casos no se cumple el distanciamiento social. Es claro que el ingreso escalonado de los/as estudiantes no ha sido suficiente para evitar este tipo de situaciones. En tal sentido, resulta necesario que se prevean nuevas medidas que ayuden a las autoridades a garantizar un ingreso seguro, como ser la posibilidad de restringir el tránsito vehicular para la ocupación parcial o total de calles, así como material de concientización para adultos responsables encargados de retirar a niños/as sobre la importancia de evitar estas aglomeraciones.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo detectó una serie de falencias relativas a la dinámica dada al interior de la escuela que merecen ser destacadas. Durante las observaciones llevadas a cabo en las 257 escuelas que componen la muestra, se observó que el 24% de los establecimientos cuentan con aulas en las que no se respeta el distanciamiento social y que casi en el 20% de los casos se encuentran habilitados espacios de dictado de clases donde no están aseguradas condiciones de ventilación adecuadas. En este punto, si bien la subdivisión de las salas/cursos/secciones en diferentes burbujas realizada por las autoridades fue un factor clave para garantizar las medidas de distanciamiento, en algunos casos, tampoco fue suficiente. Por un lado, se ha detectado la utilización de aulas en las que el espacio no es suficiente para albergar ni siquiera a la mitad del alumnado habitual con una distancia de 1,5 metros entre los mismos. Por otro lado, algunas escuelas no cuentan con mobiliario adecuado para realizar de manera correcta este distanciamiento entre mesas/pupitres. Respecto a la ventilación, si bien se han detectado aulas donde la ventilación no es segura debido a situaciones estructurales del edificio (ventanas y/o puertas que “ventilan” a patios cerrados), también se detectaron irregularidades que fácilmente pueden ser corregidas como ser ventanas rotas o trabadas.
En cuanto a las medidas de protección, se observó que el uso del tapabocas se encuentra ampliamente extendido, dado que en más del 90% de las escuelas de nivel primario y secundario se corroboró su correcta utilización. La situación es levemente inferior en el nivel inicial, probablemente dado por la presencia de niños/as en edades donde no es obligatorio el uso de dicha protección. Por el contrario, se comprobó que en el 68% de los establecimientos los/as docentes no utilizaban de manera extendida la máscara fácil recomendada en el protocolo, siendo esta situación mayor en los niveles primario y secundario (72%).
Asimismo, se relevaron faltantes en cartelerías sobre medidas de prevención y señales de demarcación sobre distanciamiento, como así también falta de información gráfica sobre la división de espacios.
Si bien la percepción de las autoridades sobre el cumplimiento del protocolo es mayoritariamente buena, no es tan así cuando se las consultó por la adecuación del mismo a la realidad de cada escuela. Solo la mitad de las autoridades valora positivamente la adecuación del protocolo a su establecimiento. Es claro que es un protocolo de carácter general, que muchas veces es de difícil aplicación en cada una de las escuelas.
Uno de los puntos donde las autoridades entrevistadas han señalado mayores inconvenientes es en la provisión de equipamiento y de insumos necesarios para la prevención (90% de los/as entrevistados/as). En particular, se destaca la falta dispenser de alcohol en gel y/o jabón líquido, toallas descartables, máscaras faciales, artículos para la limpieza y espacios de guardado para elementos personal, entre otros. Es preciso destacar que, en algunos casos, los establecimientos fueron provistos de los insumos, pero los mismos no fueron repuestos adecuadamente o resultaron insuficientes.
Para las autoridades, otra cuestión central que dificulta el cumplimiento del protocolo es la falta de personal. Además de las necesidades históricas del sector, esto se profundiza en la actualidad porque en el 83% de los establecimientos hay personal docente exceptuado de tareas presenciales y, en 52% de los casos, personal de limpieza exceptuado. Esto se condice con que en el 76% de las escuelas las autoridades manifestaron que necesitan personal. Al momento de recorrer de los establecimientos, casi en el 60% no habían recibido los refuerzos de personal de limpieza que contempla el protocolo.
A su vez, los problemas estructurales de las escuelas, previos a la pandemia, también impiden un adecuado funcionamiento del protocolo. En términos de infraestructura, se destaca que el 21% de las escuelas tienen problemas de accesibilidad y que en el 23% no hay espacios al aire libre suficientes y adecuados. En cuanto a los servicios, si bien se destacan los problemas con el acceso a Internet, el 10% de las escuelas relevadas tienen inconvenientes con el servicio de agua potable, el 7% con el de electricidad y el 7% con el de gas. A esto se agrega que en el 65% de las escuelas no se realizaron obras de infraestructura y/o de provisión de servicios para mejorar el estado edilicio y adecuar el establecimiento a la situación sanitaria actual. En este marco, resulta también un dato a considerar que en el 23% de las entrevistas se señaló que no habían recibido hasta ese momento visita del personal del Ministerio de Educación.
En virtud de todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera que se deben desplegar una serie de acciones tendientes a mejorar el cumplimiento del protocolo en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de garantizar una continuidad en la presencialidad de manera segura para toda la comunidad educativa.
Recomendaciones
• Garantizar, en caso de ser necesario, el correcto aislamiento en un espacio ventilado y el acceso a un baño con las correspondientes medidas preventivas.
• Asistir a las escuelas para ordenar el ingreso a los establecimientos de modo tal que no se produzcan amontonamiento de personas.
• Generar los espacios de aprendizaje necesarios para reducir la cantidad de aulas en las cuales no se cumplen las medidas de distanciamiento social y ventilación.
• Reforzar el personal en las escuelas que lo requieran, según surge de las entrevistas a directivos, en lo que respecta a quienes se dedican a la limpieza y desinfección de los establecimientos.
• Realizar las obras de infraestructura y/o de acceso a los servicios esenciales que permitan adecuar a las escuelas a la actual situación sanitaria, resolviendo cuestiones estructurales como la falta de accesibilidad y problemáticas urgentes como las relacionadas con el servicio de agua potable.
• Proveer de manera suficiente, adecuada y periódica los insumos necesarios para cumplir con el protocolo sanitario, especialmente dispenser de alcohol en gel y/o jabón líquido, cartelería de prevención e informativa, máscaras faciales y otros elementos de protección personal, espacios de guardado, toallas descartables y artículos de limpieza, entre otros.
