El debate se organizó en dos paneles, donde los especialistas en materia de seguridad y derechos humanos analizaron el escenario actual y la necesidad de una mayor democratización y profesionalización de los efectivos de las fuerzas. Por último, el colectivo de Historias Desobedientes… leyó en voz alta un documento en donde exigieron que “las fuerzas siguen manteniendo en sus filas a criminales de Lesa Humanidad y que la no exoneración encubre y avala los crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar”.
En la apertura, la presidenta del colectivo HD, Analía Kalinec, agradeció a la Defensoría por el acompañamiento y “a todos los que conformamos el colectivo, quienes reforzamos nuestro compromiso social día a día para nunca dejar de repensarnos. Consideramos que es fundamental focalizar en la formación académica en derechos humanos, memoria y ética para quienes integran, o integrarán, las FFAA y de Seguridad”.
Al cierre del segundo panel, el titular del Programa de Planificación Estratégica en Políticas de Seguridad de la Defensoría, Gabriel Fuks, explicó que “actualmente las fuerzas policiales están a la deriva, no tienen un rol estratégico. En materia de seguridad, el próximo gobierno deberá tener como objetivo una mayor democratización y profesionalización de las mismas”. Y destacó también que “existe una resistencia a profundizar este debate, hay una dificultad en entender los nuevos actores que aparecen a partir de los juicios a los militares, un claro ejemplo de esto es la conformación del colectivo Historias Desobedientes”.
Además, contó con la participación el Defensor General Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, Luis Duacastella; la antropóloga y especialista en Seguridad, Sabina Frederic; entre otros especialistas en la temática.
Historias Desobedientes: familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia es una agrupación que se conformó en mayo de 2017 al calor de las políticas regresivas en derechos humanos, específicamente en el marco del intento de aplicación del beneficio del “2×1” a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
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