La iniciativa fue promovida por la Defensoría del Pueblo y diputados del Frente para la Victoria junto a la legisladora Gabriela Seijo (Pro), ante el pedido de numerosos movimientos artísticos que operan en la Ciudad de Buenos Aires.
La ley define al Centro Cultural como “un espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquiera tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”.
En la norma se detallan aspectos referidos al servicio de salubridad, sistema de iluminación de emergencia, previsiones contra incendios y evacuación.
Además, los centros se clasifican en cuatro categorías según su capacidad de asistentes, siendo los de Clase A para los centros con capacidad hasta 150 personas; Clase B, entre 151 y 300 personas; Clase C desde 301 a 500 personas y Clase D para las que puedan albergar a más de 500 concurrentes. El cálculo de capacidad máxima admitida para los espacios será de un metro cuadrado por persona como mínimo, exceptuando para el cálculo sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación, sectores de trabajo y de servicios.
Hasta ahora, los centros culturales se habilitaban como bares, clubes, teatros independientes o rubros similares, lo que los tornaba vulnerables ante inspecciones o intimaciones exponiéndolos, incluso, al borde de la clausura o el cierre.
La iniciativa viene a subsanar un vacío normativo y dar un marco regulatorio a la actividad, además de proteger a los centros culturales que se encuentran en los barrios de la ciudad para que las actividades de promoción y difusión de las diversas expresiones que allí se suceden puedan desarrollarse normalmente.
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