Participaron del encuentro los delegados de las personas privadas de la libertad de la unidad en cuestión, así como autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial, y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, de organizaciones de la sociedad civil y del Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad, que funciona en el ámbito de esta Defensoría del Pueblo.
Además de la mesa de diálogo, el acuerdo suscripto contempla la conformación de un grupo de trabajo para abordar la problemática penitenciaria de forma integral, el cual funcionará con representación de distintos actores estatales, sociales y del colectivo de las personas privadas de la libertad.
Por otra parte, se acordó mantener la periodicidad de las reuniones de la mesa de diálogo para tratar el avance de los trabajos realizados en las diferentes áreas que motivaron el reclamo de los los internos.
Las autoridades se comprometieron a continuar y mejorar las condiciones de alimentación, higiene y salud, de acuerdo a los protocoles para la prevención del COVID-19 del Ministerio de Salud, el Servicio Penitenciario Federal y la Organización Mundial de la Salud.
Paralelamente, se pactó un mejoramiento de los criterios criminológicos y los informes que elabora la autoridad penitenciaria y el compromiso de no trasladar a personas allí alojadas como consecuencia de los hechos ocurridos el 24 de abril.
Por último, los representantes de los distintos pabellones ofrecieron colaborar con las refacciones edilicias en el complejo y presentaron una propuesta denominada “Ayuda Humanitaria”, para la confección de productos de higiene y salud.
De esta manera se acordó que el conflicto se encuentra concluido, por lo cual todos los actores de la mesa de diálogo se comprometieron a arbitrar los medios necesarios para retomar el normal funcionamiento del Complejo Penitenciario Federal CABA (ex Devoto).
Sin embargo, cabe señalar que la finalización de este conflicto no sugiere la conclusión de problemáticas históricas en el ámbito penitenciario, las cuales se ven agravadas por la situación sanitaria actual. Por el contrario, se trata del inicio de un diálogo entre los distintos actores, con la inclusión del colectivo de las personas privadas de la libertad como parte fundamental de las futuras soluciones, que tienda a humanizar el contexto de encierro, especialmente en el marco de la pandemia de COVID-19.
