La coordinación del encuentro estuvo a cargo de la jefa de Asesores de Gabinete de la Defensoría, Andrea Conde, quien subrayó que “a seis años de la acción Ni Una Menos, el tema tomó relevancia no sólo en los medios de comunicación sino también en los gobiernos”. En este sentido, reconoció que a través de la fuerza de los feminismos se lograron avances y el tema “entró en debate en los barrios, en las calles, en los sindicatos. Aunque todavía se tiene una deuda con la comunidad LGBTIQ+ y con los sectores más vulnerables”.
A continuación, la directora de Casos Críticos y Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Perugino, se refirió a los dispositivos para el tratamiento de la violencia de género, tales como la Línea Hablemos (atención telefónica de primera escucha y derivación para varones que ejercen violencia o que están en conflicto con la ley penal por haber ejercido violencia), proyectos productivos y el programa de tobilleras. Perugino observó, además, que es necesario “profundizar en las políticas y contar con un ateneo de datos críticos para el fortalecimiento de los equipos en territorio que necesitan formarse pero también contar con políticas de cuidado” y destacó la importancia de las mesas técnicas de acuerdo y la concreción de acuerdos interinstitucionales e interpoderes para lograr una actuación y colaboración conjunta ante casos de violencia.
Seguidamente hicieron uso de la palabra las coordinadoras de las áreas de Investigaciones y Registros y Jurídica de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Alejandra Otamendi y Luciana Gagniere, quienes indicaron que el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) considera un espectro amplio de casos posibles (homicidios dolosos, muertes dudosas o averiguaciones causales de muerte, averiguación de suicidio, imputaciones por cualquier delito seguido de muerte o carátula a una investigación de causa de muerte de mujeres, travestis y personas trans). Otamendi y Gagniere explicaron que el RNFJA tiene cobertura nacional e incluye informes desagregados por jurisdicción, y que el criterio para distinguir femicidios de otras muertes violentas tiene en cuenta los indicadores del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres elaborado por Naciones Unidas y adaptado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
Por su parte, la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Carolina Varsky, mencionó algunas de las acciones implementadas para avanzar en la la erradicación de los femicidios, travesticidios y situaciones de violencia de género. Asimismo, destacó la necesidad de que el Poder Judicial tenga y aplique perspectiva de género y de que exista una evaluación de riesgo para que los casos sean atendidos según las particularidades de cada situación.
La coordinadora del Área de Género del Programa de Atención de Niñez, Adolescencia y Género del organismo, Silvina Lico, detalló las propuestas de capacitación que lleva adelante dicho sector (ley Micaela y curso para jóvenes en conflicto con la ley penal, entre otras) y se refirió a los proyectos de ley presentados en la Legislatura porteña (jerarquización de ministerio para la Dirección General de la Mujer, creación del Registro Único de Casos y Denuncias por Violencia de Género).
La titular de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad, Carolina Barone, destacó la importancia de la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas y la ley Micaela para los agentes de organismos porteños. Por otra parte, informó que asesoran junto al Ministerio Público Fiscal en ocho barrios populares, que cuentan con un dispositivo dirigido a las masculinidades, y que comenzaron a realizar abordajes de situaciones de violencia de género en ámbitos laborales públicos.
Posteriormente, la Defensora del Pueblo Adjunta, Paula Streger, señaló la importancia de este tipo de encuentros e indicó que es necesario agilizar la concreción de los planes sociales para víctimas e implementar un subsidio específico a nivel local. “A la Defensoría llegan las vecinas y los vecinos que no obtuvieron respuestas de otros organismos después de haber hecho distintas consultas. En pandemia vimos cómo aumentaron los casos de violencia de género y ante la situación de reclusión por el contexto, el trabajo hizo una transposición a la virtualidad. Habilitamos una línea de Whatsapp para poder dar respuestas a través de ésta vía de comunicación, no sólo a las víctimas de violencia sino también a sus familiares y personas cercanas”, observó.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de la titular del Programa de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la casa, María Elena Naddeo, quien valoró “la posibilidad de aplicar una mirada transversal y diversa para el tratamiento de los casos de violencia de género pero siempre con el mismo compromiso: trabajar por los derechos humanos. El objetivo es seguir construyendo igualdad en todas sus facetas”.
