Desde el Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires compartimos la profunda consternación por el femicidio de Micaela García.
Este crimen nos obliga a reflexionar sobre las condiciones sociales que hicieron que esto fuera posible.
No podemos dejar de cuestionar el accionar de la justicia al liberar al presunto femicida, desoyendo las recomendaciones en sentido contrario.
Tampoco podemos perder de vista que las penas de privación de la libertad por sí solas no se pueden considerar como una política de prevención de este tipo de delitos, así como tampoco pueden garantizar la no reincidencia en los mismos.
Además, estas penas no alcanzar a dar una solución a la sociedad. Para ello se requiere una política publica de altísima especialización, un monitoreo, visitas e informes periódicos de seguimiento de estos criminales, por su propia salud y por la del resto de la ciudadanía.
Pero más allá de estas cuestiones que se ponen en discusión a la raíz del femicidio de Micaela García, hay que indagar en la matriz social e institucional que permite que se sigan cometiendo estos crímenes.
En ese sentido, el Estado, a través de sus tres poderes, debe priorizar en su agenda política la problemática de la violencia contra las mujeres, diseñar y ejecutar las políticas específicas con perspectiva de género, capacitar a sus efectores y dotar de presupuesto a las áreas pertinentes.
Que continúen produciéndose estas muertes horrendas pone en crisis todo el sistema institucional y nos obliga a reflexionar y a exigir acciones concretas para que las mujeres y las niñas puedan vivir una vida sin violencias.
