Cada año, 40 millones de pilas y baterías son descartadas en la CABA, pero pese al volumen no existe un circuito formal de recuperación y de disposición final de estos elementos de variada toxicidad. Así lo revela el informe realizado por el Observatorio a cargo de Antonio Brailovsky, en el que se estudia y analiza el tratamiento de pilas y baterías usadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Según indica la extensa publicación la experiencia real muestra que, en la ciudad, la mayor parte de las pilas y baterías usadas se desechan en la basura domiciliaria, lo cual significa que terminan en los rellenos sanitarios. Estos rellenos no deberían admitir desechos peligrosos, pero las pilas descartadas, mezcladas con la basura, logran ingresar a ellos debido a su pequeño tamaño. El mencionado circuito hace posible que los componentes tóxicos de las pilas se derramen y contaminen aguas superficiales y subterráneas.
En tanto, como en Argentina no existe un procedimiento autorizado para la destrucción y el reciclaje de los materiales de las pilas usadas, una cantidad de ellas se reexportan y una gran parte se dispone en forma insegura.
El proyecto de ley presentado por Heredia le exige a los importadores un Plan de Gestión Ambiental en el que tiene que cumplir requisitos mínimos, como tener las pilas acumuladas en contenedores de disposición final, es decir, empezar a pensar un plan de recuperación. El objetivo es darle a la pila un tratamiento especial como residuo peligroso y generar participación, información y toma de conciencia de parte de la sociedad sobre a dónde se van a disponer las pilas.
Esto es así porque, tal como lo establece el informe, la composición de las pilas y baterías incluye materiales peligrosos, tales como plomo, cadmio, mercurio y litio, que se propagan en los ecosistemas cuando se los descarta de manera inadecuada. partir de la publicación, realizada en junio de 2016, la Defensoría del Pueblo porteña realizó una recomendación a la APRA exigiendo, entre otros puntos, que las pilas y baterías usadas sean clasificadas como residuos peligrosos, que se defina como generadores a las empresas que las introducen en el mercado, y que su recepción sea obligatoria para dichas empresas, estableciéndose un sistema normatizado de almacenamiento y transporte de las mismas.
A su vez, se propuso a la Legislatura que las pilas y baterías usadas sean incorporadas al Anexo I de la Ley 2214, referida al tratamiento de residuos peligrosos. Mientras que a los Ministerios de Educación y de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se les pidió que se prohíba la recolección estos elementos en escuelas, entidades de bien público o establecimientos sanitarios.
Encontrá el informe completo de la Defensoría aquí
