En trabajo articulado con el Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat junto a la Adjuntía de Bárbara Bonelli y a la Conducción Ejecutiva de Descentralización de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, realizaron, durante los meses de octubre y noviembre, un relevamiento de las economías de las familias que acceden a una solución habitacional en estos complejos y se enfrentan a gastos nuevos como la cuota del pago de la vivienda, las expensas, los gastos de servicios por consumos propios y comunes y el ABL, que impactan de manera directa en los ingresos familiares y podrían redundar en una afectación del derecho a una vivienda digna.
Este estudio se viene desarrollando desde principios del año 2019 en diferentes conjuntos habitacionales de vivienda social (Santiago de Compostela, San Antonio y Playón de Chacarita) y tiene como objetivo conocer el proceso de relocalización en la nueva vivienda y barrio, y realizar un diagnóstico para evaluar, diseñar e implementar políticas que tengan en consideración la economía familiar. Asimismo, busca analizar -entre otras cosas- las economías domésticas en virtud de la solvencia para sostener la reproducción diaria; el acceso a los servicios básicos teniendo en cuenta su caracterización (gasto nuevo) y el incremento tarifario; las políticas públicas y perspectiva de género a partir de las jefaturas de hogar femeninas; y las formas de organización consorcial y comunitaria, en base a las percepciones y valoraciones de las familias afectadas.
