En 2018 el GCBA propuso modificar la llamada Ley de Basura Cero, como resultado de lo cual la Legislatura porteña aprobó la Ley 5966/18, la cual ha sido severamente cuestionada por diversos sectores. Las críticas fundamentalmente señalaron que la llamada “valorización térmica” de residuos atenta contra el derecho a un ambiente sano y que el uso de esa tecnología vulnera el derecho al trabajo de los recuperadores urbanos.
Organizaciones no gubernamentales y cooperativas de recuperadores urbanos presentaron ante la justicia local una acción de amparo que en la actualidad se encuentra con sentencia de primera instancia (haciendo lugar a la demanda), suspendida por un recurso de apelación que tramita ante el tribunal de alzada.
La nueva norma incluye detalles que podrían provocar limitaciones de la actividad de las cooperativas de recuperadores urbanos y, en consecuencia, afectar su sustentabilidad. A su vez, en el marco de la flamante ley, a lo largo de 2019 el Gobierno local comenzó a retirar “campanas verdes” de diversos barrios de nuestra ciudad, medida que alertó acerca de un posible cercenamiento del derecho al trabajo de los/as recuperadores/as urbanos/as.
