Con la moderación de Cecilia Bernuy -secretaría técnica de la RINDHCA-, estuvieron presentes Juan José Bockel, de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina; José Luis Samanego y Valeria Torres, de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL; Elin Wrzoncki, directora del Departamento de Empresa y Derechos Humanos del Instituto Danes de Derechos Humanos; Soledad García Muñoz, relatoría DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y José Apolonio Tobar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y Secretario General de RINDHCA.
La Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo porteña participó de la actividad, en el marco de la articulación con la Red Argentina de Pacto Global de la cual esta institución forma parte en su mesa directiva.
Juan José Bockel y José Apolonio Tobar realizaron un recorrido sobre las medidas gubernamentales tomadas a partir de la pandemia y su impacto en los derechos humanos, y describieron el trabajo de sus organismos respecto a cuestiones vinculadas a las empresas durante la crisis sanitaria por el COVID-19 remarcando la importancia de seguir los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas. En ese punto, Elin Wrzoncki reflexionó acerca del rol que cumplen las Instituciones Nacionales de Derechos humanos antes los impactos que la crisis sanitaria tiene en las empresas, mencionando este rol en dos ejes: uno es la supervisión de cuestiones como la conducta empresarial, el uso de las tecnologías y los procesos de contratación pública (para garantizar transparencia), y otro es la promoción de un enfoque con respeto a los principios rectores de empresas y derechos humanos.
Los representantes de la CEPAL hicieron hincapié en la necesidad de tomar medidas para salir de la crisis económica que no sean a costa del perjuicio en los estándares ambientales y en la transgresión de los derechos humanos. Plantearon la necesidad de que los estados tengan principal atención durante la pandemia en los impactos ambientales y de contaminación, sanitarios, sociales y económicos.
Soledad García Muñoz, de la Relatoría DESCA de la CIDH, mencionó los principales puntos del informe sobre “Empresas y Derechos Humanos. Estándares Interamercanos” y la importancia que tiene para la CIDH que los estados exijan y vigilen que “…las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y rindan cuentas ante posibles abusos e impactos negativos sobre los derechos humanos, particularmente por los efectos que los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad… (punto 19, Resolución 1/2020 CIDH)».
Para finalizar, se hizo hincapié en la importancia de las empresas para la reactivación económica en los distintos países, y en la necesidad de que el Estado observe que este trabajo se encuentre siempre enmarcado en el respeto por los derechos humanos. A su vez, coincidieron en la relevancia del trabajo conjunto de las Instituciones de Derechos Humanos y organismos como la CEPAL y la CIDH para velar por el resguardo de estos derechos aún más en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando.
Links de interés:
Informe “Empresas y Derechos Humanos. Estándares Interamercanos”