En primer lugar, el titular del observatorio y autor del informe, Antonio Brailovsky, abordó la comparación entre el Riachuelo y el Támesis en los términos de su historia ambiental y de las políticas actuales.
En este sentido, se refirió a las similitudes y diferencias entre ambos casos, y aseguró que el Riachuelo es sujeto de una «contaminación inadmisible: las normas sobre vertidos de fluentes son extremadamente permisivas. La gestión es discontinua y ha apuntado más a los episodios de prensa que a la acción directa sobre el ecosistema fluvial”.
“Sustentabilidad es preservar el ambiente para las generaciones futuras y es algo que esta Defensoría del Pueblo reclama constantemente a las autoridades”, cerró Brailovky.
Por su parte, Laura Rocha periodista de Infobae especializada en medio ambiente- recordó que “se cumplieron 10 años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y todos esperábamos que este proceso estuviera más avanzado”.
Sobre el funcionamiento de ACUMAR indicó que “faltan otras patas de la institucionalidad, tal como la Defensoría del Pueblo de la Nación que está acéfala”.
Por último aseguró que “la institucionalidad y la legislación están muy desdibujadas. Falta definición de políticas sobre los volcados industriales. Las cámaras industriales tienen que ser convocadas a la mesa de saneamiento”.
A continuación, Berto González Montaner -arquitecto, docente y director del suplemento de arquitectura de Clarín- indicó que “en la Ciudad el contacto con la naturaleza es más bien lejano y lo que tenemos cerca no lo aprovechamos”.
Además destacó la necesidad de hacer de la costa “un bien público para el disfrute de todos” y resaltó la importancia del río como organizador del territorio: “Para resolver el tema del Riachuelo es necesaria una visión compartida, un proyecto convocante y consensuado para que podamos explorar el potencial urbano de la Cuenca”.
Por último, el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor se refirió a la necesidad de que la CSJN habilite la participación de las Defensorías del Pueblo porteña y bonaerense en la Comisión de ACUMAR, ya que «el Riachuelo funciona como límite entre la Ciudad y la Provincia, y por lo tanto forma parte de nuestras responsabilidades y obligaciones”.
Amor recordó que “desde la Defensoría elaboramos un proyecto para crear el fuero medio-ambiental en la Justicia de la Ciudad”, y destacó la necesidad de promover la sanción a delitos contra el medio ambiente.
Asimismo, el Defensor del Pueblo llamó la atención sobre el impacto que tiene la contaminación del Riachuelo sobre el conjunto de la sociedad, en particular para los sectores vulnerables que conviven con ese ambiente: “Es necesaria voluntad política para transformar esta realidad. Por eso nuestra intención es provocar una reacción, para que este tema esté entre los primeros lugares de la agenda”.
“Estamos convencidos de que es necesario provocar a la política para que reaccione. Ese es el sentido de los informes del observatorio. Hay que definir una política de Estado estratégica para que, sin importar quien gobierne, se garanticen los instrumentos y el financiamiento necesarios para llevar adelante el proceso de saneamiento de forma sostenida”, concluyó Amor.