A los efectos de poder realizar las liquidaciones, se habilitó la lectura de los medidores correspondientes a los usuarios de la categoría T2 y T3, las cuales abarcan a los usuarios del tipo general donde se encuentran las pymes e industrias. Además, se deberán la implementar protocolos sanitarios específicos presentados por las empresas y el cumplimiento estricto de las instrucciones sanitarias y de seguridad que las autoridades nacionales y de cada jurisidicción han establecido.
A su vez, el Ente Regulador estableció que las pymes e industrias que hayan recibido facturas con consumos estimados que difieran del consumo real, podrán realizar el reclamo de “objeción de lectura” ante la empresa distribuidora, y esta deberá refacturar en base a la demanda real presentada por los usuarios/as.
Esta nueva medida se suma a la Resolución 27/2020 del martes, mediante la cual el ENRE instruyó a las empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A a que, durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y hasta tanto se normalicen las tareas de lectura de los medidores, realicen la estimación del consumo de usuarios/as residenciales tomando como base el registro del consumo más bajo correspondiente al mismo periodo de estimación de los últimos tres años. En caso de presentarse diferencias entre la estimación y el consumo real que registre el medidor, las mismas serán evaluadas oportunamente en función de las circunstancias particulares de cada usuario/a.
Como venimos adviertiendo desde un comienzo, resulta imperiosa la necesidad de que las empresas prestatarias del servicio público de energía eléctrica (al igual que todas las empresas de servicios públicos) contemplen medidas acordes a la dinámica de la pandemia y pongan a disposición de los/as usuarios/as residenciales y no residenciales, grandes o pequeños usuarios, distintas herramientas y canales de comunicación que permitan cuestionar y acreditar sus situaciones y/o cualquier reclamo que de ello se desprenda, todo ello a los efectos de proteger los derechos de los usuarios/as, brindando certeza ante los problemas de facturación generados por las empresas distribuidoras.
