El derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado deben ser entendidos de una manera amplía a partir de su correspondencia con otros derechos humanos elementales. La vivienda, en ese sentido, es un derecho humano reconocido universalmente, y es un requisito necesario para el cumplimiento de la dignidad, la libertad y la justicia social.
En virtud de su centralidad en la vida cotidiana de las personas, particularmente en la constitución de los hogares y en el ordenamiento de la vida familiar, este derecho resulta fundamental en los procesos de inclusión social y en la construcción de ciudadanía.
Actualmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el problema de la vivienda ocupa un rol central en la vida de la gran mayoría de sus habitantes, que se expresa en la multiplicidad de hábitats informales y/o precarios existentes y en las dificultades que atraviesan los sectores de escasos y medianos recursos para acceder a condiciones dignas de habitabilidad.
En ese marco, la Defensoría se propuso abordar la problemática del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva que incorpora tanto la dimensión cuantitativa como la cualitativa.
Algunas de las conclusiones que arrojó el relevamiento realizado fueron:
-El 5% del total de las viviendas de la Ciudad presentan condiciones habitacionales deficitarias.
-Alrededor del 40% de los porteños son inquilinos u ocupantes.
-El 6% de la población total de la Ciudad vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios.
-Aproximadamente 200 mil personas habitan en los más de 30 barrios carenciados de la Ciudad, en su mayoría ubicados en la zona sur. En estos barrios, más del 70% de los hogares habitan en viviendas deficitarias en sus componentes constructivos. A su vez, el 20% carece de conexión cloacal. Asimismo, el 56% de las viviendas ubicadas en estos barrios presentan hacinamiento.
-El 11% de los hogares (126 mil personas) presenta hacinamiento. En la zona sur de la Ciudad se exhiben índices alarmantes que superan el 20% de los hogares.
-Los servicios públicos, si bien extendidos, resultan insuficientes en muchos barrios de la Ciudad . Particularmente, un 5% (53.000) de las viviendas utilizan garrafas como combustible principal para cocinar y un amplio porcentaje de las viviendas ubicadas en villas, asentamientos y NHT no cuentan con los servicios elementales o los tienen de manera deficitaria.
-Entre 1.845 personas y grupos familiares relevadas por el Gobierno de la Ciudad y 10.000 estimadas por distintas organizaciones sociales se encuentran en situación de calle1.
-Alrededor de 80 mil personas residen en Complejos Habitacionales y Barrios Municipales construidos por el Estado local en sus distintas administraciones, algunos de los cuales están expuestos a situaciones de riesgo edilicio y/o ambiental.
-En la zona sur de la Ciudad es donde se observa la mayor cantidad de hábitat informales y condiciones habitacionales deficitarias. Asimismo, se detectaron allí los menores promedios de ingresos individuales y familiares, las tasas más elevadas de desocupación, subocupación e inactividad, como así también, los niveles de instrucción más bajos.
-En contraposición con el derecho a la vivienda y la magnitud del déficit habitacional en la Ciudad, más de 65.000 viviendas en condiciones de ser habitadas se encuentran vacías o deshabitadas.
En virtud de su complejidad es difícil dimensionar de forma precisa la magnitud del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el Observatorio de Derechos Humanos estima que abarca al 17% de la población total. En ese sentido, aproximadamente 480.000 personas tendrían actualmente problemas de vivienda.
Las ciudades ofrecen un conjunto de oportunidades que las hacen atractivas, fundamentalmente por las posibilidades laborales, educativas y culturales que brindan. Es por ello que más del 60% de la población mundial reside en zonas urbanas. En Argentina, esa proporción supera el 90%.
Si bien la distribución del hábitat informal no es homogénea, en la Ciudad de Buenos de Aires se observa un fenómeno de centralidad urbana. La cercanía al lugar de trabajo, como así también a hospitales, centros de salud y establecimientos educativos forman parte de la estrategia habitacional de los sectores de escasos recursos.
En términos generales, los grupos sociales de mayores ingresos se ubican en propiedades horizontales en el centro y en el norte de la Ciudad, mientras que los sectores populares fueron desplazados a la periferia urbana, principalmente a la zona sur de la Ciudad. De esta forma, se generó un proceso de instalación y desplazamiento de los sectores populares hacia el centro y, fundamentalmente, hacia el sur de la Ciudad.
La “Ciudad formal”, ampliamente regulada por el mercado inmobiliario y la especulación en cuanto al valor del suelo urbano, no se ha modificado en términos poblacionales desde hace más de 60 años. En detrimento, la “Ciudad informal”, la de los hábitat precarios y no regulados, ha crecido exponencialmente.
La escasa planificación y control estatal de los usos y los valores del suelo urbano, como así también del mercado inmobiliario, generaron un proceso desordenado de urbanización, visible en la existencia de espacios no ocupados o informales y la carencia de servicios básicos fundamentales.
En consecuencia, la magnitud del déficit habitacional y la normativa vigente en materia de vivienda obligan al Estado local a desarrollar medidas tendientes a resolver progresivamente esta situación deficitaria que involucra a una población particularmente vulnerable y en permanente crecimiento. Sin embargo, hasta el momento, esa obligación no se ha materializado en políticas concretas, sostenidas y adecuadas.
La vivienda no es un objeto en sí mismo, es parte de un proceso relacionado con los distintos contextos sociales, económicos y políticos y es, fundamentalmente, un derecho humano esencial. Es por ello que, a fin de contrarrestar los efectos negativos de la especulación inmobiliaria y reducir el déficit habitacional, el Estado local debe desarrollar políticas activas, inclusivas, participativas y progresivas que faciliten el acceso a la vivienda, asumiendo la tutela de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder por sus propios medios al mercado formal de viviendas.
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