El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alejandro Amor y un grupo de usuarios individuales afectados presentaron hoy un amparo colectivo contra la Resolución 366/2016 dictada por la Secretaría de Gobierno de Energía a través de la cual se fijaron nuevos aumentos en los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE), que impactan de modo directo en las próximas facturaciones de electricidad e indefectiblemente en la economía de los usuarios y las usuarias.
Los impulsores del amparo colectivo solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de, no solo la mencionada Resolución 366/2018, sino también de las resoluciones del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) 24/2019 y 25/2019, por los cuales se aprueban los valores del Cuadro Tarifario de las empresas Edesur y Edenor, respectivamente, con vigencia ambas a partir del 1 de febrero de este año.
En la presentación de Amor se solicita con carácter de medida cautelar que hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes actuados se ordene suspender los efectos de esas resoluciones y se abstengan de trasladar a los usuarios del servicio público de energía los mayores costos derivados de las medidas.
Entre los argumentos se cita el artículo 43 de la Constitución Nacional, por lesionar derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos de electricidad en el territorio porteño contemplados en el artículo 42 de la Constitución nacional y la garantía contenida en el segundo párrafo del mismo.
