Olivera, Mayor retirado del Ejército Argentino y abogado, fue agente de inteligencia de la dictadura y estuvo involucrado en el secuestro y asesinato de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, ocurrido en octubre de 1976, además de participar en alrededor de otros sesenta secuestros y desapariciones.
El 4 de julio de 2013 fue condenado en San Juan a cadena perpetua, como coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado y asociación ilícita, entre otros cargos y el 25 de julio de ese mismo año solicitó traslado al Hospital Militar Central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de realizarse controles médicos. El traslado le fue concedido pero de allí huyó y permaneció prófugo hasta el lunes 30 de enero por la tarde.
La Policía Federal, tras registrar la casa, lo encontró oculto en el baúl de un auto en la propiedad familiar y logró apresarlo. Hoy se encuentra bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal y a disposición de la justicia de San Juan.
El Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad entiende que es de suma importancia que los identificados culpables en los procesos de la justicia cumplan las condenas impuestas. Su valor radica en la importancia del derecho a la reparación, que junto con el derecho a la verdad y el derecho a la justicia son los pilares fundamentales en la lucha contra la impunidad. Este derecho a la reparación importa por un lado, una forma de reparación individual a los familiares de las víctimas, y por otro lado, una forma de reparación social dirigida al conjunto de la sociedad con miras a impedir que se instale esa impunidad que tanto daño hace a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
Por ese motivo, el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad celebra la recaptura del represor Jorge Olivera, la cual importa un avance en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos.
