Se trata de una iniciativa que constituye una poderosa herramienta jurídica que articula los derechos ambientales con los derechos humanos. El Acuerdo de Escazú se ocupa del acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones referidas a asuntos ambientales, el acceso a la justicia ambiental, y el intercambio de información.
En materia de derecho a la información ambiental, se destaca el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y la importancia que le presta a la participación pública, las condiciones mínimas para llevarla a cabo y las formas para evitar mecanismos puramente formales y burocráticos de participación ciudadana.
Por otra parte, otro de sus objetivos fundamentales es la protección de los defensores de los derechos ambientales. En este sentido, vale señalar que América Latina es la región del mundo en la cual más referentes ambientales fueron asesinados durante 2019.
Tal como señala la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcenas, “es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables”.
Luego de su aprobación en la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, la Argentina se se convirtió en el décimo país en adherir al tratado. Cabe recordar que para que el acuerdo tenga plena vigencia, es necesaria su aprobación en 11 de los 33 países de la región.
Foto: Honorable Cámara de Diputados de la Nación
