Cavaliere, a cargo del Juzgado PCyF N° 3, dispuso la conformación de una “mesa de aproximación de los actores del sistema” en la cual participarían representantes del Ministerio Público de la Defensa, en tanto impulsores de la acción; la Secretaría de Justicia y Seguridad porteña; la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal; el Departamento de Alcaidía Central y Traslados; el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad; y los Ministerios de Salud de la Nación y la Ciudad.
Asimismo, la Procuración Penitencia Nacional y el Comité Local de Prevención de la Tortura, que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, intervendrán en calidad de amicus curie.
La mesa funcionará con el objetivo de elaborar e implementar protocolos de acción que permitan desalojar de las comisarías a las personas detenidas a la vez que garanticen que la detención en las alcaidías se cumplan en la forma en la que se realizaban previo a la emergencia sanitaria, con el fin de evitar la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva.
Cabe destacar que el Comité de Prevención de la Tortura, a través de su Recomendación I/2020 y el subsiguiente informe de seguimiento, ya había expresado la necesidad de encontrar mecanismos de articulación entre el Gobierno Nacional y de la Ciudad para llegar a una solución que garantice condiciones de detención adecuadas para las personas privadas de la libertad en el ámbito de la CABA. En este sentido, la Defensoría del Pueblo celebra la apertura de nuevas instancias de dialogo entre todos los actores involucrados, bajo el monitoreo del Poder Judicial.
Previamente, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y el secretario ejecutivo del Comité, Ezequiel Paulucci, habían participaron en las audiencias convocadas por la jueza Cavaliere, con el propósito de brindar su opinión en el marco del seguimiento de esta problemática.
