En la nota dirigida al Defensor del Pueblo, los docentes presentantes señalan que «se nos brinda para ello un protocolo sanitario que consideramos valioso en sus propósitos pero ilusorio en su implementación. Entendemos también que, de llevarse adelante esta decisión, resultará imposible controlar los riesgos que suponen los traslados y el incremento de la circulación comunitaria (…) Tuvimos consenso en considerar inoportuno, improvisado y, fundamentalmente, peligroso el retorno a las escuelas cuando la pandemia no está superada. Consideramos que esta decisión pone en riesgo el derecho a la vida y a la salud que poseen todos los habitantes, un derecho tutelado por la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El personal docente y no docente hemos trabajado sin descanso todo el año sobrepasando nuestra propia jornada laboral para superar las dificultades que supuso la virtualidad y utilizando todas nuestras herramientas personales para sostener el vínculo pedagógico, por lo que no comprendemos esta medida cuando el año está próximo a finalizar. Pensamos que no están dadas las condiciones sanitarias cuando se registra un promedio de mil casos diarios y nos ubicamos en el quinto puesto de contagios en el mundo (…) Por último, entendemos que existen medidas alternativas para todos aquellos estudiantes que se han visto perjudicados por la falta de conectividad. En esos casos, la solución natural y única es identificar quienes son y brindarles los equipos necesarios junto con el servicio de conectividad gratuito para que quede asegurada su participación en el proceso de aprendizaje bajo estas nuevas condiciones».
Al respecto, la Defensoría del Pueblo inició un trámite por el que se puso en conocimiento de la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, el reclamo recibido en el organismo en el que se expresa «el rechazo de decenas de docentes al anuncio efectuado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de retornar a la presencialidad en los colegios porteños», al tiempo que se le solicitó tenga a bien responder las inquietudes y argumentos esgrimidos por los docentes presentantes, informando a esta Defensoría del Pueblo la respuesta brindada.
En los últimos días, distintos medios de comunicación dieron cuenta de presuntos casos de contagio por COVID-19 en escuelas.
Cabe recordar que en fecha 29/09/2020 un importante número de supervisoras/es de escuelas de gestión estatal se habían pronunciado en similar dirección, señalando que no habían sido convocadas a debatir acerca del proyecto de regreso a las escuelas y que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad debía en primer lugar otorgar a los/as estudiantes de los sectores más postergados el equipamiento y la conectividad a fin de garantizar condiciones de igualdad educativa.
En tal sentido, los reclamos presentados en la Defensoría del Pueblo ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las solicitudes de netbooks tramitadas en el marco del Plan Sarmiento BA para alumnos/as de nivel primario y secundario de escuelas de gestión estatal dan cuenta de las desiguales condiciones de acceso al equipamiento informático para muchos/as estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, así como también de las inconsistencias de la política educativa implementada en esta jurisdicción.
