En 2011 la Organización de las Naciones Unidas designó así al 15 de junio para visibilizar y tomar conciencia sobre esta problemática con el fin de reafirmar que las personas mayores tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que las demás, incluido el de no verse sometidas a discriminación fundada en la edad ni a sufrir ningún tipo de violencia, procedente de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.
Asimismo, reconoció que a medida que envejecemos debemos seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó la Ley 5420 de Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores, que promueve la integración, la prevención de las conductas de abuso o maltrato, la remoción de prejuicios, la protección integral y busca evitar la revictimización y minimización de los daños.
¿Qué se considera violencia en las personas mayores? ¿Quiénes la sufren?
Se entiende como tal a un hecho, ya sea único o repetido, que causa daño o sufrimiento a una persona de edad avanzada.
También se considera una forma de violencia a la falta de adopción de medidas apropiadas para evitar estos padecimientos, por ejemplo, la inacción de un familiar ante el conocimiento de situaciones de violencia que sufre el adulto mayor por parte de terceras personas o de otro familiar.
La violencia puede ser de varios tipos: física, psicológica, sexual, económica, institucional. También reflejar un acto de negligencia u omisión.
Es importante remarcar que en muchos de los casos el agresor suele ser conocido por la persona mayor. Esto es así, porque las situaciones ocurren dentro del contexto familiar y/o en la unidad donde se proveen los cuidados (geriátricos, hogares, residencias) sin importar el espacio físico donde ocurra.
El maltrato a las personas mayores es un problema universal y se ve reflejado a través de comportamientos, actitudes y prejuicios dentro de la comunidad.
Algunos datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
- Durante 2020, la OVD registró 660 casos de personas mayores de 60 años que sufrieron violencia familiar. El 77% de las víctimas eran mujeres. Los principales agresores fueron sus hijos/as.
- Al momento de presentar la denuncia, el 59% de las personas afectadas vivía con el agresor 7 de cada 10 agresores fueron varones.
- El 97% de las denuncias fue por violencia psicológica. La violencia física alcanzó al 49% de los casos, al igual que la violencia ambiental. Un 38% de los casos corresponde a violencia económica.
- El informe reveló también que 5 de cada 10 víctimas tenían vínculo filial con la persona denunciada (representa el 57 % en mayores de 75 años). El 74 % de las personas denunciadas tenía entre 22 y 59 años.
- Asimismo informa que, entre 2017 y 2019 hubo 94 mujeres mayores de 60 años que fueron víctimas de femicidios (una cada 12 días). En el 81% de los casos, el hecho ocurrió en su vivienda.
La violencia en las personas mayores y el COVID-19
Respecto a la identificación de la violencia, así como las escuelas son un ámbito que contribuye a la detección de casos de violencia o abuso infantil, en las personas mayores es fundamental la interacción con los profesionales de la salud que los/as asisten, la circulación por distintos espacios de pertenencia o las visitas que reciben de sus familiares en geriátricos son espacios útiles para la detección de estos hechos.
En este sentido, las restricciones derivadas de la pandemia han reducido enormemente la efectividad de estas alternativas o instancias de contención.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud afirma que solo se informa el 4% de los casos de abuso en la vejez, por lo que es probable que la incidencia real de abuso de personas mayores sea mucho mayor al que se conoce. A su vez, indica que la estadística de que 1 de cada 6 personas mayores era víctima de violencia se ha incrementado.
La pandemia ha causado un estrés considerable en personas de todas las edades debido a la pérdida de ingresos y las difíciles condiciones creadas por las restricciones de movimiento, distanciamiento físico y medidas de aislamiento, entre otras. Esto se vio manifestado con mayor envergadura en las personas mayores que incrementaron su dependencia hacia otros, por el miedo (propio y de familiares) a salir y contagiarse.
Asimismo, trajeron aparejadas una limitación en la actividad física que implicó una reducción de su capacidad de movilidad una disminución en su calidad de vida y por ende un deterioro en su salud.
Según HelpAge International, movimiento global a favor de los derechos de las personas mayores, el COVID-19 amplificó la violencia, el abuso y el abandono de las personas mayores en todo el mundo, un proceso que de por sí ya estaba en aumento.
Si sos víctima de violencia y/o maltrato o si conocés a alguien que esté padeciendo situaciones de esta naturaleza, no dudes en consultar en la Defensoría del Pueblo. Podemos ayudarte.
