En 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1975, en respuesta a las campañas organizadas por diversas ONGs, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En el año 1987 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Allí se definió, en su artículo primero, que “…se entenderá por el término «tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…”.
En diciembre de 1997 (con motivo de conmemorarse diez años desde la entrada en vigor de la Convención, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura.
Si bien tanto el derecho internacional como la legislación local prohíben terminantemente el uso de esta práctica, la misma sucede actualmente en los establecimientos de encierro de la Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la excepción. Es por ello que esta Unidad continúa su labor y reitera su compromiso con la promoción de la defensa de los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad.
