Esa declaración, que adquirió jerarquía constitucional en nuestro país a partir de la reforma de la Carta Magna de 1994, establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales, inherentes a la dignidad humana, que deben ser garantizados sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, posición económica, religión, lengua o cualquier otra condición.
Asimismo, abrió un camino para que las Naciones Unidas fueran ampliando el campo de estos derechos a partir de la adopción de tratados internacionales entre los que cabe destacar:
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965).
- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979).
- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (1984).
- Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990).
- Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (2006).
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)
- Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).
Desde la Defensoría del Pueblo trabajamos en la promoción y defensa de estos derechos y libertades poniendo un especial acento en nuestro compromiso con los sectores más desprotegidos, víctimas de discriminación, violencia y exclusión.
